Esta madrugada, la defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), respondió vehementemente ante las recientes filtraciones de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, que debía mantenerse bajo reserva sumarial. El abogado José Moreno, representante legal de López, denunció renuncias de colaboradores por temor a represalias y solicitó protección urgente para su cliente y su familia, tras las amenazas recibidas durante el proceso judicial.
El caso ha destapado una red de corrupción que involucra a altos funcionarios y entidades gubernamentales, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, según las declaraciones de López. El exdirector de la UNGRD señaló directamente al ELN (Ejército de Liberación Nacional) como un actor clave en este entramado corrupto, especialmente en el departamento fronterizo de Arauca, donde la guerrilla tiene una influencia significativa.
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En su testimonio ante la Corte, López afirmó que el ELN está vinculado al escándalo de corrupción, mencionando incluso la suspensión temporal de los secuestros con fines económicos como una medida de presión al gobierno por incumplimientos relacionados con el proceso de paz. Esta revelación ha puesto en entredicho la estabilidad de la región y ha generado tensiones adicionales en un contexto ya de por sí complejo.
El abogado Moreno Caballero enfatizó la necesidad urgente de proteger la integridad física y legal de López, subrayando que las filtraciones comprometen gravemente la seguridad de todos los implicados y dificultan un proceso judicial justo. "Es fundamental garantizar un ambiente seguro para que López pueda colaborar con la justicia bajo condiciones adecuadas", declaró Moreno en un comunicado emitido en las primeras horas del día.
El escándalo en la UNGRD estalló con la revelación de presuntas malversaciones millonarias destinadas a la compra de camiones cisterna para La Guajira, así como el uso de fondos para sobornar a líderes del Congreso a cambio de apoyo político para las reformas del presidente Gustavo Petro. Este caso ha sacudido los cimientos del gobierno, alimentando la indignación pública y poniendo en tela de juicio la eficacia de los controles administrativos en el país.
Las investigaciones continúan mientras se evalúa la veracidad de las acusaciones de López y se determina la responsabilidad de cada implicado. La Corte Suprema de Justicia ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia en un caso que podría tener profundas repercusiones políticas y sociales en Colombia.
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Por ahora, la protección de Olmedo López y su familia se ha convertido en una prioridad crucial para las autoridades, quienes buscan evitar cualquier represalia que pueda comprometer aún más la integridad del proceso judicial en curso.
