Dos meses han pasado desde que el 18 de octubre, en una suerte de carrera de relevos, los chilenos recibieron de los ecuatorianos el testigo de la indignación. Dos meses han pasado de aquel día en el que el alza a la tarifa del metro erosionó un malestar social sin precedentes en la nación suramericana.
Entrada la noche del 18, los ánimos se crisparon. La gente se tomó la red subterránea del Metro de Santiago y la capital fue el escenario de revueltas distópicas. Espacios públicos en llamas y manifestantes que, al huir de los Carabineros (Policía), invitaban a los ausentes para que los acompañaran en las calles bajo la consigna de “Chile despertó”.
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Para hacer frente a los disturbios en Santiago, que se extendieron a lo largo del país, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y confió a los militares y Carabineros la responsabilidad de contener las protestas bajo la orden de un toque de queda que duró una semana. Algo inédito en tiempos de democracia.
Con el fin de reducir el descontento de la ciudadanía, el mandatario suspendió el incremento a la tarifa del transporte público. No fue suficiente.
La escalada de insatisfacción por las políticas del gobierno creció y lo que parecía ser un incipiente levantamiento, se transformó en la peor crisis social que vive Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Aunque la subida tarifaria del metro fue el detonante de las marchas, la natural evolución de las concentraciones adoptó otras causas de resistencia: el alto costo de vida, el acceso a la educación, los elevados precios de los fármacos y los tratamientos de salud, las bajas pensionales, la vigencia de una Constitución aprobada durante el régimen militar y, como no, la invasión extraterrestre.
Mientras los chilenos exigían equidad, la primera dama de la Nación, Cecilia Morel, comparó a las manifestaciones con "invasiones alienígenas" y en un audio filtrado sugirió que "vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás". Esto produjo un rechazo generalizado contra la clase política que, en el marco de una economía neoliberal, evidenció la profunda desconexión entre las élites y el pueblo.
“El estallido popular confirmó la marcada desigualdad en el país”, dice Fabián Araneda Flores, dirigente sindical de la Confederación Nacional de la Salud Municipal de Chile.
"Por ejemplo, el dinero de las pensiones que guardamos no alcanza para vivir y esta es una de las grandes molestias de la gente. Te lo pongo así de claro, si alguien gana un millón de pesos chilenos lo más probable es que cuando se retire saque su pensión, en máximo, 200 mil mensuales. Además, si calculamos en promedio lo que obtiene un pensionado en Chile, vemos que ese valor ronda los 60 mil pesos. Lo cual no da ni siquiera para costear los medicamentos. La visión reduccionista de que somos 'un oasis' -como alguna vez dijo Piñera- es mentirosa. Ya no es válido jactarnos de que somos el ‘jaguar (económico) de Latinoamérica’”, añade Araneda.
Ese jaguar de América Latina -imagen acuñada en un artículo del diario El Mercurio a finales de los noventa- es, hoy por hoy, un felino famélico con un daño en infraestructura de USD 4.500 millones. Previsiones del Banco Central subrayan que el crecimiento económico para el 2019 será de entre 1,9 a 2,5 % y el gobierno calcula que se perderán cerca de 300.000 empleos.
Dos meses rojos
En un punto de inflexión, y a 62 días de iniciada la “Revolución de los 30 pesos” -valor al que iba a incrementarse el pasaje de metro-, las cifras de afectados en las protestas son aciagas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) indicó que, en los últimos dos meses, y después de visitar 56 centros de salud y unidades médicas a nivel nacional, se contabilizaron 3.461 heridos. Las regiones donde hubo más personas lastimadas fueron el aérea Metropolitana (incluida Santiago), Atacama, Araucanía, Ñuble y Valparaíso. El saldo de muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es de 26 personas.- Le puede interesar: Chilenos votaron consulta para cambiar la Constitución