Esta semana se conocieron los consorcios que construirán la troncal de
TransMilenio por la avenida 68 en Bogotá, dicho acontecimiento abrió un debate entre los ciudadanos ya que, un amplío número, no quería que se realizara dicha obra, y
acusaron a la alcadesa Claudia López de permitir que el proyecto siguiera adelante, a pesar de que en campaña afirmó que no lo haría.
Por tales críticas, López afirmó que más allá de que su deseo sea frenar esta construcción,
si lo hacía, se enfrentaría a demandas muy costosas que terminarían pagando los bogotanos con sus impuestos, señalando que el responsable es el exalcalde Enrique Peñalosa.
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"Acabábamos de votar en la urnas
'No más TransMilenio y sí a la red metro regional y limpia', por eso le pedí tanto al presidente, como al alcalde Peñalosa, que no abrieran la licitación de la 68 — ¿qué hizo el exalcalde Peñalosa? — abrir la licitación", manifestó la mandataria a través de un video en su cuenta de Twitter.
Además, expresó que
al no tener un recurso jurídico en contra de esta obra no puede suspenderla. Sin embargo, desde el concejo de Bogotá y figuras políticas como el exalcalde y ahora senador, Gustavo Petro, han criticado dicha decisión, asegurando que esta sí se podría frenar.
"Hoy va a adjudicar esa licitación cuando tiene toda posibilidad de suspenderla. Sí, en este momento no podría revocarla,
que podría llegar a un acuerdo con los operantes, por supuesto", asegura el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo.
¿Se podía suspender?
En diálogo con
Kienyke.com, Roberto Nuñez, experto en contratación pública, aseguró que para este caso es importante tener en cuenta: el
deber de planeación, que en materia contractual vincula a la administración o administración pública, y el tema de la
continuidad de las políticas públicas.
Según el experto, para la obra de Transmilenio por la carrera 68 hay que tener en cuenta que está ceñida al deber de planeación, ya que en
la administración anterior y asociado a la continuidad de las políticas públicas, que la alcaldesa está obligada a ejecutar y a respetar, en la
administración anterior se inició el proceso de licitación en cumplimiento y observancia del marco normativo contractual del administración pública.
"En ese orden de ideas, la administración profiere, siendo actos administrativos con ocasión de esa contratación en la etapa precontractual que conduce, a que
en virtud del principio de confianza legítima concurra en particulares y presenten sus ofertas acompañados de los requisitos habilitantes que se necesitan, es decir, pólizas se seriedad y una póliza de cumplimiento de resultar adjudicatario", explicó Nuñez.
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El experto aseguró que todos estos
procesos contractualmente generan una expectativas de derechos para los oferentes, por lo que a pesar de que el planteamiento de Claudia sea otro, esto "
no legitiman para que la administración revoque los actos administrativos precontractuales y declare desierta esa licitación", aseguró.
Señaló que el efecto material de que la mandataria, a través de un acto administrativo motivado, declarara desierta la licitación por interés público o porque contraviene las políticas de su gobierno, "
estaría legitimando por activa en la causa a quienes consideren tener una expectativa de derecho y a quienes considere que se les afecta sus derechos económicos entre otros, y podrían a través de la acción de controversia contractuales pedir la reparación integral del daño por los perjuicios sufridos".
"Yo pienso que la decisión de ella es coherente, correcta y ordenada; en función a que le está
dando continuidad y está siendo respetuosa del Estado de Derecho, y un estado de legalidad de las cosas, que insisto, genera para los licitantes expectativas de derecho", aseguró Nuñez.
¿Y el papel de la Procuraduría?
La Procuraduría General de la Nación anunció que hará vigilancia preventiva en respuesta a un recurso legal que radicaron
varios concejales de Bogotá argumentando por qué no se debería realizar la construcción de Transmilenio por la 68.
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No obstante, esto no sirve como fundamento jurídico para que se pueda suspender. "Significa que
ellos activan un seguimiento para advertir eventuales afectaciones o vulneraciones a los intereses del colectivo", aseguró
Y agregó: "Esto puede llevar a que ellos soliciten
vía acción o persuasión la suspensión del proceso licitatorio, sin embargo, este no tiene ninguna incidencia aun".
¿Se puede frenar?
"Si alguien siente que está legitimado por activa en la causa o que tiene un interés para protegerlo
se puede hacer vía tutela, para que esta como mecanismo transitorio, ordene, hasta cuando se resuelva, si se afectaron o no derechos fundamentales. Y en ese orden de ideas solo suspendería provisionalmente el acto de adjudicación", afirmó Nuñez.
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Además,
existen otros recursos como la acción popular, la acción de nulidad y reparación, pero para que alguna pueda funcionar la carga probatoria tiene que demostrar querealmente se afectaron los derechos en el proceso licitatorio.
