La política colombiana se sacude con una nueva tormenta judicial. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos son señalados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), uno de los casos más graves que enfrenta el actual gobierno.
La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario reaccionó con dureza a la noticia de la captura de Name, con quien ha tenido una relación política tensa desde el inicio de su mandato.
“Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió Petro en un mensaje que rápidamente se viralizó, sin embargo minutos después lo eliminó.
La detención de Iván Name es una medida de aseguramiento avalada por cuatro de los seis magistrados de la Sala de Instrucción. Se le investiga por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, cargos que también enfrenta Andrés Calle. Ambos permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso.
El escándalo estalló con las declaraciones de los exfuncionarios de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes confesaron haber entregado sobornos por un total de 4.000 millones de pesos. Según sus testimonios, el dinero provenía de sobrecostos en el polémico contrato de los carrotanques que debían abastecer de agua a La Guajira. Las coimas habrían sido entregadas en octubre de 2024, coordinadas con la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortíz, quien habría transportado el dinero en efectivo.
La Fiscalía también mencionó al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, como uno de los altos funcionarios que habría ordenado los pagos a Name y Calle para asegurar el respaldo a las reformas sociales del gobierno. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, aseguró que los pagos se hicieron “por la premura con la que los congresistas exigían los recursos”.
Desde que se conocieron las primeras acusaciones, tanto Name como Calle han negado su participación en los hechos. El senador Name incluso intervino en la plenaria del Congreso días antes de su captura para declarar su inocencia: “No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al parlamento”.
Sin embargo, la declaración de Petro refuerza la narrativa del gobierno de que los sectores tradicionales del Congreso han obstruido sus reformas por intereses personales y presuntas prácticas corruptas. La reforma pensional, en particular, ha sido uno de los proyectos más importantes de la agenda del presidente, y según él, fue frenada deliberadamente por Name.
La captura de dos figuras de tan alto perfil reconfigura el panorama político en Colombia. No solo fortalece el discurso anticorrupción del Ejecutivo, sino que también profundiza la división entre el gobierno y parte del Congreso. Petro ha utilizado este episodio para cuestionar abiertamente a quienes bloquearon sus iniciativas legislativas, ligando la oposición a actos de corrupción.
En un país donde la lucha contra la corrupción es un clamor ciudadano constante, la detención de Name y Calle, y la fuerte reacción del presidente, marcan un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El proceso judicial continuará con la recolección de pruebas y testimonios, mientras el gobierno intenta sacar adelante sus reformas en medio de un Congreso golpeado por la desconfianza. Lo que está claro es que este escándalo no solo tiene consecuencias penales, sino también profundas implicaciones políticas.
