La más reciente propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros hace algunos días ha encendido las alarmas entre expertos en derecho fiscal, empresarios y sectores de clase media alta, quienes temen un impacto directo y profundo en el ahorro, la inversión y la estabilidad patrimonial del país.
Aunque el gobierno ha intentado posicionar esta reforma como una "modernización ecológica" de la política fiscal —con énfasis en impuestos al carbono, vapeadores y contaminación sonora—, especialistas advierten que el verdadero corazón de la propuesta va mucho más allá de los llamados "impuestos verdes". En realidad, según analistas, se trata de una transformación fiscal de fondo que, bajo la bandera de la justicia tributaria, introduce medidas que podrían desincentivar el ahorro de largo plazo, la planificación patrimonial legal y la inversión empresarial.
¿Un golpe a la planificación patrimonial?
"Esta nueva versión no solo agrava la carga fiscal de las familias y empresarios, sino que podría provocar una fuga de capital, un congelamiento de inversiones y un clima de incertidumbre jurídica sin precedentes", advierte Mauricio Marín Elizalde, abogado experto en estructuración patrimonial con más de 25 años de experiencia. Marín cuestiona la falta de transparencia en la discusión del proyecto y alerta sobre sus posibles consecuencias devastadoras para millones de colombianos.
Entre los puntos más controvertidos de la propuesta se encuentran:
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Un nuevo impuesto a las herencias y donaciones, con tarifas que podrían escalar hasta el 40 %, impactando fuertemente la transmisión de patrimonio entre generaciones.
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Un impuesto a la salida de capitales del país, que elevaría los costos de ahorro y consumo en el exterior, afectando desde estudiantes que envían remesas hasta inversionistas globales.
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Aumento del impuesto a los dividendos, que ya se encuentra en niveles del 39 %, lo cual podría reducir el atractivo de invertir en empresas colombianas.
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Reactivación del impuesto al patrimonio, con umbrales más bajos y un alcance que incluye también a personas jurídicas, lo que preocupa especialmente a empresas familiares y emprendedores.
Un debate que aún no es público
La falta de un borrador público del articulado ha generado inquietud sobre el proceso de discusión legislativa. Voces del sector privado, académicos y asociaciones gremiales han solicitado mayor claridad y diálogo antes de que se avance en el trámite legislativo.
"Lo que está en juego no es solo una cifra en un formulario de impuestos, sino el incentivo que tiene un ciudadano para planificar su futuro, ahorrar, emprender o invertir en su país", agrega Marín. Para muchos, la reforma representa una ruptura en las reglas del juego tributario, que podría minar la confianza en el sistema económico y empujar a más colombianos hacia esquemas de evasión o expatriación de capitales.
Desde el gobierno, no se han hecho públicos los detalles del articulado, aunque voceros de la Casa de Nariño aseguran que la reforma busca mayor equidad tributaria y que el 80 % del recaudo se concentraría en el 5 % más rico del país. No obstante, los críticos señalan que la intención redistributiva no justifica medidas que podrían tener efectos colaterales sobre el crecimiento económico y la formalización empresarial.
En medio del debate, el Congreso se prepara para una nueva ronda de discusión fiscal en un contexto de desaceleración económica y creciente presión social. La pregunta clave será si esta reforma logra el equilibrio entre justicia tributaria y sostenibilidad económica, sin poner en riesgo los pilares del crecimiento privado y la confianza patrimonial.
