Aunque la historia esté llena de incongruencias y hechos sin esclarecer, el siguiente es el relato que hasta ahora se considera oficial de lo que pasó con 43 estudiantes en México, quienes hace más de un mes están desaparecidos. De su paradero no se tiene la menor pista.
Se sabe que el grupo de jóvenes salieron el 26 de septiembre desde la población de Ayotzinapa (en el céntrico estado de Guerrero), rumbo al pueblo de Iguala, a unas 3 horas de viaje en carro.
Se trata de estudiantes de primer semestre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Son ‘primíparos’ de orígenes campesinos, con 20, 21 o hasta 24 años de edad, que llegaron un par de meses antes a esta institución a formarse en la única carrera que se ofrecía: pedagogía para profesores de educación primaria.
Para viajar a Iguala, el grupo de jóvenes secuestraron dos camiones de la empresa Estrella de Oro en su pueblo, Ayotzinapa, ante la imposibilidad de contratar por su cuenta un vehículo para el viaje.
Los 43 estudiantes desaparecidos tenían la intención de ir a esa población relativamente cercana a recoger fondos -paradójicamente- para una protesta conmemorativa de la famosa matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Salieron de Ayotzinapa a las seis de la tarde y tenían previsto arribar a Iguala hacia las 9 de la noche. Al llegar, secuestraron otros tres buses de una compañía llamada Costa Online, y en su propósito algunos agresivos estudiantes hirieron a uno de los choferes.
En ese mismo momento, el alcalde de Iguala, José Luís Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, estaban realizando la presentación de un informe de gestión gubernamental, y más tarde fueron invitados a una fiesta. Se verá, más adelante, que el mandatario y su esposa serían responsabilizados como autores intelectuales del supuesto crimen.
Cuando los estudiantes ya estaban en el pueblo fueron interceptados por la policía de Iguala quienes se repliegan en el centro de la ciudad -por orden del Alcalde- pues se sospechaba que los jóvenes tendrían la intención de sabotear la exposición del gobernante y de su esposa.
Un gran número de agentes de la policía bloquearon el paso de los estudiantes, llamaron a refuerzos de un pueblo cercano llamado Cocula, y se enfrentaron con los buses que insistían en pasar hacia el centro; en ese incidente, la policía abrió fuego y mató a uno de los estudiantes.
Los 43 estudiantes consiguieron escapar. Pero la policía de Iguala -al parecer acompañada por otros agentes armados irregulares- lograron alcanzar el camión de los jóvenes, quienes fueron retenidos y llevados a la estación de policía del pueblo.
Según confirman las autoridades federales, poco después de ser recluidos en la cárcel local fueron sacados por otros policías quienes entregaron a los muchachos a un grupo criminal que impera en la zona llamado los Guerreros Unidos. La transacción macabra tuvo la complicidad de las autoridades de Iguala y Cocula, según han confesado algunos de los detenidos.
Una camioneta con carrocería extralarga y redilas transportó a los 43 jóvenes hacia un corregimiento cercano llamado Pueblo Viejo, una zona montañosa y boscosa.
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La historia no relata las circunstancias de cómo se realizó el primer operativo que dejó un estudiante muerto, ni cómo consiguieron sacar de la cárcel del centro del pueblo a este grupo de jóvenes. Mucho menos cómo fue posible que las policías consiguieran entregar a tal cantidad de muchachos a una banda criminal. Tampoco explica hacia dónde podría haber sido llevado el numeroso grupo ni cuál fue su suerte.
Solo que, pocos días después, en la zona de Pueblo Viejo se encontró una fosa con 30 cadáveres calcinados, que hacen temer lo peor.
“Son unos inútiles, ¿cómo es posible desaparecer a 43 personas sin que nadie haya visto nada?”
KienyKe.com habló con Mario César González, uno de los padres de estos jóvenes, que espera respuestas. A pesar del esfuerzo de toda una nación, no se sabe nada de un numeroso grupo de secuestrados: es como si se los ‘hubiera tragado la tierra’.
Su hijo, Cesar Manuel González, tiene 21 años y llevaba en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tan solo mes y medio. Ese viernes 26 de septiembre, César llamó a sus padres para contarles que todo en sus estudios iba bien; jamás mencionó que tenía intención de ir a Iguala.
La noticia de su desaparición tomó a su familia por sorpresa, pero más aterrados están por la ineficacia de las autoridades, que no han podido obtener una pista certera sobre el paradero de los estudiantes.
Por primera vez desde que hace 33 días desaparecieron los estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto recibe a los familiares de las víctimas.
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“No sé si es que no los quieren encontrar, o son unos inútiles. No sé cómo con tantas fuerzas armadas no son capaces de encontrar a 43 personas. ¿Cómo es posible desaparecer a 43 personas sin que nadie haya visto nada?”
El señor González y otros padres de los jóvenes sostuvieron ayer una reunión con el presidente de México, Enrique Peñanieto, que se extendió por casi 5 horas, en la que le dejaron claro al mandatario que exigían que su aparato estatal encontrara con vida a los estudiantes, y que los responsables pagaran con prisión su delito.
Pero la respuesta del gobernante fue desalentadora. “Nos dijo que siguen en la búsqueda y que no puede prometer nada. Como máximo mandatario pensábamos que nos iba a dar esperanzas, buenas noticias. Tenía otras cosas en mente, pero en lo particular nos dio amargura, tristeza y coraje por tener este tipo de gobernantes aquí”, aseguró.
En su cuenta de Twitter el presidente Peñanieto dijo: “Las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias. Seguiremos hablando con transparencia y buscando la verdad de los hechos".
Escuche la entrevista al padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México
[soundcloud id='174568376']
En su testimonio, Mario César González aseguró que su hijo jamás le informó de estar vinculado con alguna actividad política o social. Además exigió respeto a los jóvenes para evitar estigmatizarlos o vincularlos con algún grupo que pudiera haber detonado la venganza de los Guerreros Unidos.
“Me da tristeza que me lo quieran embarrar con el narcotráfico o 'Los Rojos'. Eso me da coraje. Mi hijo tenía mes y medio de llegar a esa escuela. ¿Mi hijo en un mes se volvió narcotraficante? Los chamacos son muy buenas personas; es importante recalcarlo. Por eso los maltratan, por eso no los quieren”.
¿Qué se sabe y qué no sobre este crimen?
Está claro que este episodio puso a México y su institucionalidad en el ojo crítico del mundo. También que este se convierte en el peor escándalo político y de seguridad que afronta el presidente Enrique Peñanieto, en el poder desde 2012.
La noticia estalló el 27 de septiembre y solo hasta diez días después el gobierno Federal tomó cartas en este asunto.
En esos diez días pudo haber pasado mucho. El hecho reveló que las autoridades de Iguala y Cocula -en el estado de Guerrero- estaban corrompidas por la agrupación criminal llamada los Guerreros Unidos, una banda que surgió del diezmado clan del narcotráfico de los Beltrán Leyva.
Para las autoridades está claro también que el alcalde de Iguala, José Luís Abarca, y su esposa María Pineda fueron los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes. El mandatario y su pareja, cuando vieron que se sospechaba de ellos, desaparecieron y ahora están prófugos de la justicia.
Las familias y sus amigos están convencidos que los jóvenes están vivos. Autoridades, basadas en testimonios de los responsables, temen que han sido masacrados.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Social de México, reveló a KienyKe.com algunas de las nuevas pistas que están por resolver este extraño secuestro.
Hasta ahora, según él, todo apunta a que los jóvenes no están vivos como creen sus familiares, sino que fueron asesinados y de forma brutal.
“Me parece que no han querido afrontar la realidad y decirla públicamente. Esto crea una expectativa para los padres de familia y la sociedad en general de que pudieran estar vivos (…) Los muchachos fueron levantados (secuestrados), torturados, despedazados algunos, y en otros casos quemados vivos”, aseguró.
Según su información, hay más de 50 personas detenidas por este incidente y la gran mayoría son policías y funcionarios de los municipios de Iguala y Cocula.
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El que las bandas delincuenciales hayan permeado a gran cantidad de alcaldías y gobernaciones de México es un fenómeno que debería preocupar al poder Federal, insiste el experto. Se sabe que esta desaparición fue obra de las bandas criminales en complicidad con la policía local.
“Por esa situación en Guerrero y otras partes del país hay una gran indignación, frustración, falta de credibilidad en la autoridad. Y este sentimiento de enojo ha venido creciendo en varias partes del país; vemos las manifestaciones de repudio constantes”, añade.
Escuche la entrevista a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública de México
[soundcloud id='174568136']
Un primer análisis de los cadáveres hallados en la fosa de Pueblo Viejo dio negativo en comparación a la identidad de alguno de los jóvenes, pero los resultados no fueron tan confiables.
Un grupo de expertos de Argentina tratan de hacer la verificación de las pruebas. Los testimonios de los capturados, que indican que los jóvenes habrían sido asesinados, descuartizados y algunos incinerados, son la única pista que tiene el país para saber sobre la suerte de los desaparecidos.
Otras versiones indican que algunos de estos jóvenes estarían infiltrados por una banda llamada ‘Los Rojos’, agrupación criminal rival de los Guerreros Unidos. Esta sería otra razón de la reacción macabra en su contra.
Lo cierto es que en más de un mes los mexicanos no saben qué pasó con tan numeroso grupo de jóvenes. Los posibles autores intelectuales están prófugos y los grandes grupos de la banda criminal siguen imperando en la región sin el menor temor a ser cazados.
Sus tentáculos les dan la confianza de haber creado una autoridad paralela y monstruosa en todo un Estado en pleno centro de México.
Por primera vez desde que hace 33 días desaparecieron los estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto recibe a los familiares de las víctimas.
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El señor González y otros padres de los jóvenes sostuvieron ayer una reunión con el presidente de México, Enrique Peñanieto, que se extendió por casi 5 horas, en la que le dejaron claro al mandatario que exigían que su aparato estatal encontrara con vida a los estudiantes, y que los responsables pagaran con prisión su delito.
Pero la respuesta del gobernante fue desalentadora. “Nos dijo que siguen en la búsqueda y que no puede prometer nada. Como máximo mandatario pensábamos que nos iba a dar esperanzas, buenas noticias. Tenía otras cosas en mente, pero en lo particular nos dio amargura, tristeza y coraje por tener este tipo de gobernantes aquí”, aseguró.
En su cuenta de Twitter el presidente Peñanieto dijo: “Las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias. Seguiremos hablando con transparencia y buscando la verdad de los hechos".
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En su testimonio, Mario César González aseguró que su hijo jamás le informó de estar vinculado con alguna actividad política o social. Además exigió respeto a los jóvenes para evitar estigmatizarlos o vincularlos con algún grupo que pudiera haber detonado la venganza de los Guerreros Unidos.
“Me da tristeza que me lo quieran embarrar con el narcotráfico o 'Los Rojos'. Eso me da coraje. Mi hijo tenía mes y medio de llegar a esa escuela. ¿Mi hijo en un mes se volvió narcotraficante? Los chamacos son muy buenas personas; es importante recalcarlo. Por eso los maltratan, por eso no los quieren”.
¿Qué se sabe y qué no sobre este crimen?
Está claro que este episodio puso a México y su institucionalidad en el ojo crítico del mundo. También que este se convierte en el peor escándalo político y de seguridad que afronta el presidente Enrique Peñanieto, en el poder desde 2012.
La noticia estalló el 27 de septiembre y solo hasta diez días después el gobierno Federal tomó cartas en este asunto.
En esos diez días pudo haber pasado mucho. El hecho reveló que las autoridades de Iguala y Cocula -en el estado de Guerrero- estaban corrompidas por la agrupación criminal llamada los Guerreros Unidos, una banda que surgió del diezmado clan del narcotráfico de los Beltrán Leyva.
Para las autoridades está claro también que el alcalde de Iguala, José Luís Abarca, y su esposa María Pineda fueron los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes. El mandatario y su pareja, cuando vieron que se sospechaba de ellos, desaparecieron y ahora están prófugos de la justicia.
Las familias y sus amigos están convencidos que los jóvenes están vivos. Autoridades, basadas en testimonios de los responsables, temen que han sido masacrados.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Social de México, reveló a KienyKe.com algunas de las nuevas pistas que están por resolver este extraño secuestro.
Hasta ahora, según él, todo apunta a que los jóvenes no están vivos como creen sus familiares, sino que fueron asesinados y de forma brutal.
“Me parece que no han querido afrontar la realidad y decirla públicamente. Esto crea una expectativa para los padres de familia y la sociedad en general de que pudieran estar vivos (…) Los muchachos fueron levantados (secuestrados), torturados, despedazados algunos, y en otros casos quemados vivos”, aseguró.
Según su información, hay más de 50 personas detenidas por este incidente y la gran mayoría son policías y funcionarios de los municipios de Iguala y Cocula.
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“Por esa situación en Guerrero y otras partes del país hay una gran indignación, frustración, falta de credibilidad en la autoridad. Y este sentimiento de enojo ha venido creciendo en varias partes del país; vemos las manifestaciones de repudio constantes”, añade.
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Un primer análisis de los cadáveres hallados en la fosa de Pueblo Viejo dio negativo en comparación a la identidad de alguno de los jóvenes, pero los resultados no fueron tan confiables.
Un grupo de expertos de Argentina tratan de hacer la verificación de las pruebas. Los testimonios de los capturados, que indican que los jóvenes habrían sido asesinados, descuartizados y algunos incinerados, son la única pista que tiene el país para saber sobre la suerte de los desaparecidos.
Otras versiones indican que algunos de estos jóvenes estarían infiltrados por una banda llamada ‘Los Rojos’, agrupación criminal rival de los Guerreros Unidos. Esta sería otra razón de la reacción macabra en su contra.
Lo cierto es que en más de un mes los mexicanos no saben qué pasó con tan numeroso grupo de jóvenes. Los posibles autores intelectuales están prófugos y los grandes grupos de la banda criminal siguen imperando en la región sin el menor temor a ser cazados.
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