No se detienen los líos judiciales del exsenador Mario Castaño, luego de que aceptara ser la cabeza principal de un entramado de corrupción en la contratación pública de varias regiones del país. Ahora, la Fiscalía General de la Nación informó la confiscación de 9 millonarios bienes que serían producto de su actuar delictivo.
Según informó el ente investigador, entre los bienes incautados se encuentra un inmueble urbano, un establecimiento comercial y 7 vehículos que estarían avaluados conjuntamente en cerca de 12 mil millones de pesos. El operativo fue posible a pesar de la “jugadita” del exsenador quien habría empleado testaferros para evadir el control de las autoridades y dejar fuera de su radar las valiosas propiedades.
“Las diligencias fueron realizadas con el apoyo del cuerpo técnico de Investigación CTI en la ciudad de Manizales, Caldas (...) De acuerdo con los elementos de prueba, el excongresista compró los bienes y los puso a disposición de una sociedad transportadora para, presuntamente, intentar evadir el control de las autoridades”, explicó Liliana Patricia Donado, Directora Especializada en Extinción del Derecho de Dominio.
Así mismo, la funcionaria señaló que una fiscal de la Dirección Especializada en Extinción del Derecho de Dominio impuso a los activos medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión con el fin de afectar el patrimonio del excongresista Mario Castaño.
Esta no es la primera vez que la Fiscalía impacta los bienes producto de las actividades delictivas de Mario Castaño, quien confesó ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en actos de corrupción. Ya anteriormente fueron ocupados 28 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio, cuyo avalúo ascendió a 13.717 millones de pesos.
Senador Mario Castaño acepta cargos por corrupción
El senador liberal Mario Castaño, acusado de liderar una red de corrupción con presencia en los departamentos de Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle del Cauca, se declaró culpable de 19 delitos por los que fue señalado por la Corte Suprema de Justicia desde el momento de su captura, por lo que inició la medida de prisión preventiva en la cárcel La Picota.
En una audiencia con el magistrado de la sala de instrucción, el congresista decidió aceptar su culpabilidad por los delitos relacionados con hacer parte de una red de corrupción donde se habrían adquirido millonarias dádivas de contratos junto a varios funcionarios públicos que también estarían involucrados.
