La Corte Suprema de Justicia y el Inpec han informado que en los próximos meses decenas de exparamilitares recluidos en las cárceles colombianas podrían solicitar su libertad argumentando haber cumplido con su pena alternativa. En varios listados, el tribunal supremo reseña a más de 70 postulados de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), muchos de ellos cabecillas, que se acogieron al artículo 29 de la Ley 975 de 2005, o Ley de justicia y Paz, la cual establece que un procesado, si ha cumplido con condiciones como verdad y voluntad de reparación, podría ser privado de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y máximo ocho, de acuerdo con la gravedad de sus delitos. Bajo la justicia ordinaria muchos enfrentarían penas superiores a los 40 años de prisión.
Varias fuentes consultadas por Kienyke.com insistieron que el país debe entender que dichos beneficios penales, que fueron acordados mediante la Ley de Justicia y Paz, responden a los acuerdos necesarios que propiciaron la desmovilización de las AUC. Este marco de justicia transicional permite que quienes colaboren con las autoridades en temas de verdad y reparación sean beneficiarios de una pena de hasta ocho años, por más grave que sea su delito.
Varios otros fueron extraditados a Estados Unidos y a su regreso deberán continuar vinculados a procesos en su contra. Lo que debería uno preguntarse, dicen los expertos, es hasta qué punto ha sido suficiente la voluntad de los condenados para contar todo sobre sus crímenes, la verdad sobre su vinculación con sectores políticos o empresariales, lo sucedido con sus víctimas y la entrega de sus bienes para iniciar la respectiva reparación. Para muchos es un tema que la justicia deberá analizar individualizando los casos.
La exministra de Justicia Ruth Stella Correa había advertido, respecto a quienes pedirán el beneficio de libertad el próximo año, que las comisiones encargadas de Justicia y Paz evaluarán caso por caso para verificar el cumplimiento de las exigencias de la Ley 975. No obstante aclaró que muchos de quienes consigan abandonar la prisión no quedarían absueltos por los procesos relacionados con paramilitarismo, y en caso de encontrarse algún nuevo mérito, volverán a la cárcel.
En 2014 se cumplen ocho años desde que un importante número de paramilitares de las AUC se sometieron a la justicia. Muchos de ellos han cumplido penas mínimas y tras ello lograron reinsertarse a la vida civil con programas principalmente gestionados por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). La entidad reporta que 32.168 personas se benefician de sus proyectos luego de renunciar a las armas.
Abogados explican que la evaluación a los procesos de Justicia y Paz también se debe hacer desde las víctimas; qué tan satisfechas se sienten al aceptar tácitamente que sus victimarios no paguen grandes penas en prisión a cambio de conocer la verdad y obtener la debida reparación. Se han conocido casos, como el del exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, que después de dejar las armas y estando en prisión siguió delinquiendo.
‘Don Mario’ propició la formación de nuevos grupos criminales en el sur de Córdoba. El Tribunal Superior de Bogotá lo excluyó de la Ley de Justicia y Paz, que le impide beneficios de rebaja de penas, y su proceso será trasladado a la jurisdicción ordinaria. Actualmente se investigan más casos similares de desmovilizados que continuaron delinquiendo, y de otros que no han cumplido con la verdad prometida en las audiencias o no han entregado todos sus bienes para cumplir parte de la indemnización a los afectados.
Cabe también analizar si los exjefes ‘paras’ que cometieron graves crímenes, y están próximos a pedir su libertad, han cumplido a cabalidad con las condiciones y han satisfecho a sus numerosas víctimas para ser merecedores del beneficio. Kienyke.com recopiló el prontuario de algunos de los cabecillas incluidos en la lista del Inpec, que en cuestión de meses podrán argumentar haber aclarado sus cuentas con la ley, y por lo tanto, tener derecho a la libertad.
Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’
El panorama jurídico de Edwar Cobos Téllez ,‘Diego Vecino’, es bastante turbio. Un tribunal de Justicia y Paz lo condenó en 2010 a 8 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de 12 personas en la vereda Las Brisas y el desplazamiento de más de mil en Mampuján (Bolívar), en hechos ocurridos en marzo del 2000. Sin embargo sobre él pesan más acusaciones por delitos de narcotráfico, otras masacres, secuestro, desplazamiento, siembra de minas antipersonal y parapolítica.
Al estar privado de la libertad desde 2006, ‘Diego Vecino’ ya habría cumplido más del 80% de su condena. Fue comandante del bloque Montes de María, con influencia en Sucre y especialmente en sur de Bolívar. El Sistema de Información de Justicia y Paz registra que dicho bloque de las AUC afectó a unas 6.686 personas. El excabecilla es sindicado de participar también en otras de las peores masacres conocidas en el país, entre ellas, la de El Salado (Montes de María) ocurrida en febrero de 2000 y en la que fueron torturadas y asesinadas, ante la mirada del los pobladores del corregimiento, unas 66 personas en plena cancha de fútbol.
También fue acusado de ser autor mediato por el homicidio agravado de una funcionario judicial en Sincelejo, en agosto de 2011, y por el secuestro y posterior asesinato del exalcalde de San Onofre (Sucre) Luís Fayad.
En los casos de masacres y crímenes contra la humanidad ha negado su responsabilidad y en cambio atribuye los altos niveles de sevicia a erráticas actuaciones de quienes estaban bajo su mando. Pero sí ha reconocido haber sido un líder y vocero político del bloque Montes de María y en ese sentido ha dicho que su brazo armado “puso” políticos en cargos públicos del Caribe, entre ellos al excontralor de Sucre Rafael González (2004-2007), exdiputados como Nelson Stand Berrío y Walberto Estrada, líderes para alcaldías, la Gobernación de Sucre e incluso el Congreso Nacional.
En una de las más recientes acusaciones, la fiscalía radicó en julio pasado 605 hechos delictivos en su contra que involucran a más de tres mil víctimas. Estados Unidos también lo pide en extradición por narcotráfico, aunque dicha solicitud ha sido negada en dos oportunidades por la Corte Suprema, que exige que responda primero ante la justicia colombiana. Es posible que, a pesar de que logre su libertad a finales de 2014, tenga que volver a responder a la justicia por los delitos pendientes.
Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’
El exjefe del Bloque Catatumbo de las AUC es considerado uno de los peores criminales de guerra de dicha organización. Sobre él pesan investigaciones por las más de 5 mil víctimas que dejó su estructura en Norte de Santander. La macabra práctica por la que se dio a conocer fue la creación de los hornos para cremar los cadáveres de sus víctimas. Según reseña Verdad Abierta, ‘El Iguano’ ha confesado el asesinato de decenas de personas enterradas en unas 20 fosas, y otros tantos cuyos restos fueron incinerados. Uno de sus crímenes masivos confesos fue la cremación de 98 víctimas en 2001. Dijo también haber arrojado 15 personas asesinadas al río Pamplona y se reconoció autor de 27 masacres en Cúcuta. Se estima que él personalmente ultimó a unas 100 personas, y el resto murieron por sus órdenes.
Jorge Iván Laverde se desmovilizó el 18 de enero de 2005 y permaneció en Santa Fe de Ralito más de año y medio, hasta agosto de 2006. El Gobierno lo postuló a Justicia y Paz ese mes y fue asegurado en la prisión de la Ceja (Antioquia). Luego fue trasladado a Itagüí. En diciembre de 2010 el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a ocho años de cárcel, como máxima pena acordada por Ley de Justicia y Paz. Descontando los cuatro años que ya llevaba detenido, en 2014 cumpliría la pena. Según él ha relatado, la escalofriante práctica de reducir a cenizas a sus víctimas fue una táctica para evitar la acumulación de cuerpos en fosas comunes, ya que una orden de la dirigencia paramilitar advertía que si las autoridades encontraban alguna fosa de los ‘paras’ el comandante de bloque sería fusilado.
Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias ‘El Águila’
De él, que comandaba el Bloque Cundinamarca de las AUC, se considera que debería haber verdad y reparación para unas 564 víctimas que dejó su actividad en el centro del país. Ante Justicia y Paz ha confesado 15 homicidios y una desaparición forzada y ha entregado bienes y dineros por 120 millones de pesos, según reseña Verdad Abierta. El Gobierno de Estados Unidos lo consideraba mando de segunda línea de las AUC y organizaciones de víctimas lo acusan de persecución de simpatizantes de la Unión Patriótica, aunque paradójicamente hasta 1986 había pertenecido a las Juventudes Comunistas. Estuvo vinculado con el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón y en 2007 después de iniciar diligencias con la Fiscalía de Justicia y Paz se denunció que ‘El Águila’, después de desmovilizarse en diciembre de 2004, habría ordenado el asesinato de un joven en Guayabal de Síquima (Cundinamarca), la primera vez que se conocía de un crimen cometido por un comandante paramilitar luego de dejar las armas. Bajo su mando también se espera respuesta por 703 casos de desplazamiento.
Ramón María Isaza Arango, alias ‘El Viejo’
‘El Viejo’ fue patriarca de un clan criminal en el que involucró a sus cinco hijos y a varios sobrinos para el funcionamiento de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. También le decían ‘Moncho’, y comenzó su carrera armada mientras era campesino en Sonsón (Antioquia), cuando ante las reiteradas extorsiones de la guerrilla de las Farc a los finqueros, decidió convocar a varios ganaderos para autodefenderse. El bloque del Magdalena Medio fue crucial en la unificación de las AUC, y a su accionar se le atribuyen unas 1.200 víctimas, reseña Verdad Abierta.
Fue acusado de ordenar varias masacres, desapariciones forzosas, tortura, desplazamientos y extorsiones. Directamente la Fiscalía le imputó más de 500 cargos. A finales del año pasado cayó ante las autoridades Ovidio Isaza, su hijo menor, con quien perpetró graves crímenes que conmovieron el centro del país por casi 30 años. En las audiencias no ha reconocido asesinatos colectivos, y con algo de cinismo en cambio reconoce que exigía a sus hombres que “mataran de a uno”. Tal era su poder que sostuvo una guerra contra Pablo Escobar que también se cobró decenas de muertes. En una de sus confesiones ante jueces de Justicia y Paz reconoció que los forasteros que llegaban a su región, y parecían tener relación con el Cartel de Medellín, eran torturados y asesinados, porque temía que fueran por su cabeza. Sobre él pesan varias condenas con justicia ordinaria, pero un magistrado de Justicia y Paz había pedido congelarlos pues ‘El Viejo’, de 71 años, es beneficiario de pena alternativa.
Uber Enrique Bánquez Martínez, alías ‘Juancho Dique’
Bajo sus órdenes, el 13 de febrero de 2001, un grupo de paramilitares sorprendieron en la madrugada a la población de Chengue, en Montes de María, corregimiento Ovejas (Sucre). Los armados cortaron el servicio de electricidad, entraron a las casas del pueblo y sacaron a los hombres en calzoncillos. 27 campesinos fueron llevados al parque principal para luego ser asesinados con golpes en la cabeza utilizando martillos o degollándolos. Así relató alias ‘Juancho Dique’ una de las varias masacres que ha reconocido haber cometido mientras comandaba el Frente Canal del Dique, que pertenecía al bloque Héroes de los Montes de María. Hasta ahora Bánquez ha aceptado haber asesinado a más de 120 personas en seis masacres, de las nueve imputadas. También ha confesado otros cientos de homicidios individuales. Es beneficiario de Justicia y Paz y paga ocho años de prisión, en vez de 39 que originalmente le habían sentenciado.
Son más de 70
En la lista también figuran otros tantos exjefes paramilitares con numerosas víctimas. Se sabe que no han cumplido con las condiciones que les permitirían acceder a los beneficios de Justicia y Paz. Entre ellos Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, dirigente del Bloque Central Bolívar y acusado de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro y concierto para delinquir. En su proceso estuvo a punto de ser excluido de Justicia y Paz debido a sus insistentes negativas a responder y aceptar cargos probados. Su desmovilización fue a finales de 2005.
También se destacan Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', quien ha confesado ser responsable por la muerte de 45 personas y la desaparición de otras 20, durante su accionar con el Bloque Central Bolívar en Santander. Además está Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, que ha colaborado con la ubicación de fosas comunes en los llanos orientales y ha confesado ordenar homicidios a unas 250 personas. Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, el confeso autor material de la muerte del fundador de las AUC, Carlos Castaño.
En la lista de postulados que próximamente cumpliría la inicial pena de Justicia y Paz aparecen Édgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, Juan Francisco Prada Márquez, 'Juancho Prada' José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ y Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.
El experto penalista, Francisco Bernate, explicó a este medio de comunicación que un desmovilizado, tan pronto entrega armas y se somete a la justicia, es enviado a detención a una cárcel y desde ese momento cuenta el tiempo de privación de la libertad efectiva. Por esta razón, muchos de los anteriormente mencionados exlíderes paramilitares estarían por cumplir la pena alternativa máxima de ocho años, ya que estuvieron en prisión desde 2006. Explica también que en los casos en los que hay otras condenas en curso desde la justicia ordinaria, es muy posible que se suspendan si los delitos procesados ya fueron juzgados por Justicia y Paz. Pero si se llegara a conocer de otro hecho delictivo no confesado o una verdad no develada, podría abrirse un nuevo proceso judicial excluido de los beneficios de la Ley 975.
Para la directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, María Camila Moreno, es importante entender que las personas postuladas que eventualmente podrían salir el próximo año, si no han sido excluidas de Justicia y Paz, es porque no se ha establecido incumplimiento alguno a las condiciones de verdad y reparación que les permite la penal alternativa. “Y hay un argumento político, no menos importante, y es que estas personas suscribieron un acuerdo con el Gobierno Nacional, en el que ellos cumplían con desmovilizarse, entregar bienes y decir la verdad, a cambio de la pena de máximo ocho años en la cárcel. Ese compromiso lo asumió el Estado”, advierte.
Solo encuentra ella que por la lentitud que ha enfrentado el proceso de juzgamiento bajo el marco de la Ley 975, muchos de los que estarían por cumplir los 8 años de prisión no han recibido sentencia. El gobierno ha pedido celeridad para emitir dicho fallo a quienes cumplen la condición. Sobre esto asegura que el que salgan de la cárcel no quiere decir que quedan absueltos de cualquier diligencia judicial; “sigue el proceso con ellos fuera de prisión, técnicamente continúan siendo ‘sub júdice’, y por ejemplo tienen que presentarse periódicamente a las autoridades, asistir a ausencias o no salir del país”.
De cualquier forma está claro que hubo un compromiso del gobierno de turno para lograr la desmovilización de las AUC. En medio de un nuevo proceso de paz con otro grupo armado ilegal no quedaría bien visto si el Estado decidiera incumplir con su parte del trato.
Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’
El panorama jurídico de Edwar Cobos Téllez ,‘Diego Vecino’, es bastante turbio. Un tribunal de Justicia y Paz lo condenó en 2010 a 8 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de 12 personas en la vereda Las Brisas y el desplazamiento de más de mil en Mampuján (Bolívar), en hechos ocurridos en marzo del 2000. Sin embargo sobre él pesan más acusaciones por delitos de narcotráfico, otras masacres, secuestro, desplazamiento, siembra de minas antipersonal y parapolítica.
Al estar privado de la libertad desde 2006, ‘Diego Vecino’ ya habría cumplido más del 80% de su condena. Fue comandante del bloque Montes de María, con influencia en Sucre y especialmente en sur de Bolívar. El Sistema de Información de Justicia y Paz registra que dicho bloque de las AUC afectó a unas 6.686 personas. El excabecilla es sindicado de participar también en otras de las peores masacres conocidas en el país, entre ellas, la de El Salado (Montes de María) ocurrida en febrero de 2000 y en la que fueron torturadas y asesinadas, ante la mirada del los pobladores del corregimiento, unas 66 personas en plena cancha de fútbol.
También fue acusado de ser autor mediato por el homicidio agravado de una funcionario judicial en Sincelejo, en agosto de 2011, y por el secuestro y posterior asesinato del exalcalde de San Onofre (Sucre) Luís Fayad.
En los casos de masacres y crímenes contra la humanidad ha negado su responsabilidad y en cambio atribuye los altos niveles de sevicia a erráticas actuaciones de quienes estaban bajo su mando. Pero sí ha reconocido haber sido un líder y vocero político del bloque Montes de María y en ese sentido ha dicho que su brazo armado “puso” políticos en cargos públicos del Caribe, entre ellos al excontralor de Sucre Rafael González (2004-2007), exdiputados como Nelson Stand Berrío y Walberto Estrada, líderes para alcaldías, la Gobernación de Sucre e incluso el Congreso Nacional.
En una de las más recientes acusaciones, la fiscalía radicó en julio pasado 605 hechos delictivos en su contra que involucran a más de tres mil víctimas. Estados Unidos también lo pide en extradición por narcotráfico, aunque dicha solicitud ha sido negada en dos oportunidades por la Corte Suprema, que exige que responda primero ante la justicia colombiana. Es posible que, a pesar de que logre su libertad a finales de 2014, tenga que volver a responder a la justicia por los delitos pendientes.
Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’
El exjefe del Bloque Catatumbo de las AUC es considerado uno de los peores criminales de guerra de dicha organización. Sobre él pesan investigaciones por las más de 5 mil víctimas que dejó su estructura en Norte de Santander. La macabra práctica por la que se dio a conocer fue la creación de los hornos para cremar los cadáveres de sus víctimas. Según reseña Verdad Abierta, ‘El Iguano’ ha confesado el asesinato de decenas de personas enterradas en unas 20 fosas, y otros tantos cuyos restos fueron incinerados. Uno de sus crímenes masivos confesos fue la cremación de 98 víctimas en 2001. Dijo también haber arrojado 15 personas asesinadas al río Pamplona y se reconoció autor de 27 masacres en Cúcuta. Se estima que él personalmente ultimó a unas 100 personas, y el resto murieron por sus órdenes.
Jorge Iván Laverde se desmovilizó el 18 de enero de 2005 y permaneció en Santa Fe de Ralito más de año y medio, hasta agosto de 2006. El Gobierno lo postuló a Justicia y Paz ese mes y fue asegurado en la prisión de la Ceja (Antioquia). Luego fue trasladado a Itagüí. En diciembre de 2010 el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a ocho años de cárcel, como máxima pena acordada por Ley de Justicia y Paz. Descontando los cuatro años que ya llevaba detenido, en 2014 cumpliría la pena. Según él ha relatado, la escalofriante práctica de reducir a cenizas a sus víctimas fue una táctica para evitar la acumulación de cuerpos en fosas comunes, ya que una orden de la dirigencia paramilitar advertía que si las autoridades encontraban alguna fosa de los ‘paras’ el comandante de bloque sería fusilado.
Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias ‘El Águila’
De él, que comandaba el Bloque Cundinamarca de las AUC, se considera que debería haber verdad y reparación para unas 564 víctimas que dejó su actividad en el centro del país. Ante Justicia y Paz ha confesado 15 homicidios y una desaparición forzada y ha entregado bienes y dineros por 120 millones de pesos, según reseña Verdad Abierta. El Gobierno de Estados Unidos lo consideraba mando de segunda línea de las AUC y organizaciones de víctimas lo acusan de persecución de simpatizantes de la Unión Patriótica, aunque paradójicamente hasta 1986 había pertenecido a las Juventudes Comunistas. Estuvo vinculado con el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón y en 2007 después de iniciar diligencias con la Fiscalía de Justicia y Paz se denunció que ‘El Águila’, después de desmovilizarse en diciembre de 2004, habría ordenado el asesinato de un joven en Guayabal de Síquima (Cundinamarca), la primera vez que se conocía de un crimen cometido por un comandante paramilitar luego de dejar las armas. Bajo su mando también se espera respuesta por 703 casos de desplazamiento.
Ramón María Isaza Arango, alias ‘El Viejo’
‘El Viejo’ fue patriarca de un clan criminal en el que involucró a sus cinco hijos y a varios sobrinos para el funcionamiento de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. También le decían ‘Moncho’, y comenzó su carrera armada mientras era campesino en Sonsón (Antioquia), cuando ante las reiteradas extorsiones de la guerrilla de las Farc a los finqueros, decidió convocar a varios ganaderos para autodefenderse. El bloque del Magdalena Medio fue crucial en la unificación de las AUC, y a su accionar se le atribuyen unas 1.200 víctimas, reseña Verdad Abierta.
Fue acusado de ordenar varias masacres, desapariciones forzosas, tortura, desplazamientos y extorsiones. Directamente la Fiscalía le imputó más de 500 cargos. A finales del año pasado cayó ante las autoridades Ovidio Isaza, su hijo menor, con quien perpetró graves crímenes que conmovieron el centro del país por casi 30 años. En las audiencias no ha reconocido asesinatos colectivos, y con algo de cinismo en cambio reconoce que exigía a sus hombres que “mataran de a uno”. Tal era su poder que sostuvo una guerra contra Pablo Escobar que también se cobró decenas de muertes. En una de sus confesiones ante jueces de Justicia y Paz reconoció que los forasteros que llegaban a su región, y parecían tener relación con el Cartel de Medellín, eran torturados y asesinados, porque temía que fueran por su cabeza. Sobre él pesan varias condenas con justicia ordinaria, pero un magistrado de Justicia y Paz había pedido congelarlos pues ‘El Viejo’, de 71 años, es beneficiario de pena alternativa.
Uber Enrique Bánquez Martínez, alías ‘Juancho Dique’
Bajo sus órdenes, el 13 de febrero de 2001, un grupo de paramilitares sorprendieron en la madrugada a la población de Chengue, en Montes de María, corregimiento Ovejas (Sucre). Los armados cortaron el servicio de electricidad, entraron a las casas del pueblo y sacaron a los hombres en calzoncillos. 27 campesinos fueron llevados al parque principal para luego ser asesinados con golpes en la cabeza utilizando martillos o degollándolos. Así relató alias ‘Juancho Dique’ una de las varias masacres que ha reconocido haber cometido mientras comandaba el Frente Canal del Dique, que pertenecía al bloque Héroes de los Montes de María. Hasta ahora Bánquez ha aceptado haber asesinado a más de 120 personas en seis masacres, de las nueve imputadas. También ha confesado otros cientos de homicidios individuales. Es beneficiario de Justicia y Paz y paga ocho años de prisión, en vez de 39 que originalmente le habían sentenciado.
Son más de 70
En la lista también figuran otros tantos exjefes paramilitares con numerosas víctimas. Se sabe que no han cumplido con las condiciones que les permitirían acceder a los beneficios de Justicia y Paz. Entre ellos Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, dirigente del Bloque Central Bolívar y acusado de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro y concierto para delinquir. En su proceso estuvo a punto de ser excluido de Justicia y Paz debido a sus insistentes negativas a responder y aceptar cargos probados. Su desmovilización fue a finales de 2005.
También se destacan Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', quien ha confesado ser responsable por la muerte de 45 personas y la desaparición de otras 20, durante su accionar con el Bloque Central Bolívar en Santander. Además está Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, que ha colaborado con la ubicación de fosas comunes en los llanos orientales y ha confesado ordenar homicidios a unas 250 personas. Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, el confeso autor material de la muerte del fundador de las AUC, Carlos Castaño.
En la lista de postulados que próximamente cumpliría la inicial pena de Justicia y Paz aparecen Édgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, Juan Francisco Prada Márquez, 'Juancho Prada' José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ y Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.
El experto penalista, Francisco Bernate, explicó a este medio de comunicación que un desmovilizado, tan pronto entrega armas y se somete a la justicia, es enviado a detención a una cárcel y desde ese momento cuenta el tiempo de privación de la libertad efectiva. Por esta razón, muchos de los anteriormente mencionados exlíderes paramilitares estarían por cumplir la pena alternativa máxima de ocho años, ya que estuvieron en prisión desde 2006. Explica también que en los casos en los que hay otras condenas en curso desde la justicia ordinaria, es muy posible que se suspendan si los delitos procesados ya fueron juzgados por Justicia y Paz. Pero si se llegara a conocer de otro hecho delictivo no confesado o una verdad no develada, podría abrirse un nuevo proceso judicial excluido de los beneficios de la Ley 975.
Para la directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, María Camila Moreno, es importante entender que las personas postuladas que eventualmente podrían salir el próximo año, si no han sido excluidas de Justicia y Paz, es porque no se ha establecido incumplimiento alguno a las condiciones de verdad y reparación que les permite la penal alternativa. “Y hay un argumento político, no menos importante, y es que estas personas suscribieron un acuerdo con el Gobierno Nacional, en el que ellos cumplían con desmovilizarse, entregar bienes y decir la verdad, a cambio de la pena de máximo ocho años en la cárcel. Ese compromiso lo asumió el Estado”, advierte.
Solo encuentra ella que por la lentitud que ha enfrentado el proceso de juzgamiento bajo el marco de la Ley 975, muchos de los que estarían por cumplir los 8 años de prisión no han recibido sentencia. El gobierno ha pedido celeridad para emitir dicho fallo a quienes cumplen la condición. Sobre esto asegura que el que salgan de la cárcel no quiere decir que quedan absueltos de cualquier diligencia judicial; “sigue el proceso con ellos fuera de prisión, técnicamente continúan siendo ‘sub júdice’, y por ejemplo tienen que presentarse periódicamente a las autoridades, asistir a ausencias o no salir del país”.
De cualquier forma está claro que hubo un compromiso del gobierno de turno para lograr la desmovilización de las AUC. En medio de un nuevo proceso de paz con otro grupo armado ilegal no quedaría bien visto si el Estado decidiera incumplir con su parte del trato.
