Si se comprueba que los supermercados SuperCundi y Merkandrea pertenecen a testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc, algunos miembros del ahora partido podrían perder los beneficios políticos obtenidos tras la firma del acuerdo de paz. Así lo dio a conocer el Gobierno, ya que esto está contemplado en la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la JEP podrá juzgar todos aquellos delitos que hayan sido cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, siete días después de la fecha en la que fue firmado el acuerdo final con la guerrilla de las Farc.
El tema salió a relucir luego de que la Fiscalía señalara, hace unas semanas, a unos supermercados que podrían pertenecer a testaferros de la entonces guerrilla de las Farc. Esos supermercados, según ha identificado la Fiscalía, empezaron a operar con el grupo delincuencial a partir de los años 1990.
A pesar del acuerdo de paz, esos supermercados continuaban funcionando hasta hace pocas semanas y en su momento fueron medios para el lavado de dinero y financiación del conflicto armado, según el ente acusador.
De confirmarse que miembros de las Farc tienen vínculos con estos supermercados, perderían los beneficios de la JEP y pasarían a ser juzgados por la Justicia Ordinaria. Esta tipo de jurisdicción no contempla los trato diferencial por desmovilización y elimina la participación política que les había sido otorgada a los excombatientes. Además, si aspiran a permanecer en la JEP, deberán entregar la información sobre los testaferros, porque no hacerlo los podrá desvincular de esa jurisdicción.
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La aclaración respecto al tema la dio el ministro del Interior que dijo, "la reforma constitucional que creó la Justicia Especial para la Paz señaló expresamente que serán de conocimiento, dentro de la JEP, todos los delitos relacionados con el conflicto armado que hayan sido cometidos antes del 1 de diciembre de 2016", los que se hayan cometido después de esa fecha serán tratados por la Justicia Ordinaria.
Pero esta Jurisdicción Especial contempla, además, los llamados delitos de "ejecución permanente". Quiere decir que iniciaron su actuar antes de la firma del acuerdo y que continuaron operando después de esa fecha. Esos casos, como el de lo supermercados, "serán de conocimiento de la justicia ordinaria los actos de ejecución posteriores al 1 de diciembre de 2016", aseguró Guillermo Rivera, ministro del Interior.
Es decir que los delitos se partirán en dos a partir del 1 de diciembre de 2016: los que se cometieron antes de esa fecha, y que sean confesados, serán juzgados por la JEP, pero los que se cometieron después serán de la justicia ordinaria, aún cuando sea el mismo delito, por ejemplo, explotación de un cultivo de coca.
