Millonaria inversión del Estado para implementar curules de paz

Lun, 26/07/2021 - 13:36
El Gobierno Nacional tendrá que destinar 50 mil millones de pesos para la implementación de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes.
Créditos:
Cámara de Representantes

En plena época de austeridad el Gobierno Nacional destinará más de 50 mil millones de pesos para la adecuación del sistema tecnológico e instalaciones de la Cámara de Representantes para la llegada de los 16 congresistas que ocuparán las curules de paz. Una inversión que pudo haberse realizado desde 2017 cuando el país no enfrentaba una crisis económica como la de 2021. 

La Dirección Administrativa de la Cámara firmó un contrato por $50.298 millones para la "actualización tecnológica de los equipos de la corporación" y para adecuar el salón Elíptico y las Comisiones Constitucionales con el objetivo de recibir a los 16 representantes que ocuparán las curules de las circunscripciones especiales de paz, acordadas en el Acuerdo de Paz. 

El contrato fue suscrito con la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A E.S.P, se ejecutará hasta el 30 de abril de 2022 y será financiado directamente con recursos de la Nación.

Pese a que la llegada de los nuevos congresistas es la razón que convierte en obligatoria la millonaria inversión, no es el único motivo por el cual el Estado destinará esa suma de dinero. Según se pudo establecer, el proceso de renovación del sistema tecnológico de la Cámara no da espera, pues el sistema operativo con el que cuentan los actuales equipos es Windows 97, que en la actualidad no tiene soporte técnico en el mercado. 

 

Aunque esta inversión es necesaria para el correcto funcionamiento de la Cámara ha sido duramente cuestionada por algunos sectores políticos y ciudadanos en general, ya que la destinación de esa alta suma de dinero en tiempos de crisis económica resulta por los menos polémico. 

Cabe recordar que, la renovación del sistema y la ampliación de las instalaciones se genera por el fallo de la Corte Constitucional, el cual avaló la votación que se dio en el Congreso en el 2017 para otorgarle 16 curules a las víctimas del conflicto armado colombiano al considerar que si se presentó una mayoría a favor del proyecto. Es decir, no es una iniciativa propia, es una inversión obligada que se pudo realizar desde años atrás. 

La reglamentación de las curules estuvo en manos del Congreso en 2017, durante la etapa de conciliación, obtuvo 50 votos en favor de su aprobación y 7 en contra -cuando el proyecto debía contar con mayoría absoluta, es decir 52 votos-, por tal razón se hundió. En ese momento había tres congresistas inhabilitados para votar por tener líos con la justicia y que se encontraban en la cárcel: Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile y Martín Morales Diaz.  

De igual forma, es de señalar que tras el fallo del alto tribunal constitucional se crean dichas circunscripciones para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, es decir, tendrán asegurada una representación en el órgano legislativo, por el término de ocho años, con lo cual no solo se garantiza el dinamismo del pluralismo político, sino además la efectiva participación territorial en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes. 

 

Adicional a esto, esta reforma da prioridad de participación a la Colombia rural por cuanto se excluye la votación de las cabeceras municipales de estos 169 municipios y excluye la también la posibilidad de postulación a los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, incluyendo el Partido Comunes. 

La curules de paz están dirigidas para las víctimas y representantes de comunidades del Chocó, Cauca, Nariño, Catatumbo, Guaviare y Urabá. Las Circunscripciones Transitorias contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Las campañas tendrán financiación estatal especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado. 

Los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres y grupos significativos de ciudadanos. También podrán inscribir candidatos los Consejos Comunitarios, los resguardos, las comunidades indígenas cuando la circunscripción coincida con territorios étnicos.

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