Aún cuando se habla de implementar una jornada única para millones de estudiantes en el país, no hay claridad en la continuidad del suministro de uno de los suplementos alimentarios más importantes en el país para los niños de estratos más bajos, la Bienestarina.
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La discordia nació en septiembre cuando el Ministerio de Educación profirió el decreto 1852 del 2015, en el que estableció en la letra menuda o minuta, que los entes territoriales, es decir, municipios o gobernaciones, debían asumir directamente los costos de distribución de la Bienestarina en los colegios públicos.
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Según el mandatario local, quien fue uno de los primeros en dar la alerta, las modificaciones implementadas por el Ministerio eliminan, sin previo aviso, de “la ración para preparar el complemento alimentario con Bienestarina”.
“Esto significa, que el Gobierno dejará de entregar los 10 gramos de Bienestarina que venía entregando, para el desayuno diario, de cada uno de los 4 millones 200 mil niños de estratos uno y dos, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar”, indicó Flórez.
El alcalde indicó que en octubre del 2013, el Ministerio de Educación asumió del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el programa de alimentación escolar, aportando para el desayuno (que ofrecen los operadores) la suma de $971 más la porción de Bienestarina. Situación que queda modificada en el nuevo Decreto, que exige con esos $971 igual nivel nutricional, pero retirando el complemento nutricional.
Además indicó que el Ministerio invertía en Bienestarina, a nivel nacional, una suma del orden de $39 mil millones de pesos. “¿Qué destino tomaron estos $39 mil millones de pesos en momentos en que se avecina la jornada única escolar?”.
Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella.
“El Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo, con el apoyo de los congresistas, obtuvo unos recursos importantes para asegurar un buen programa de alimentación escolar para cerca de nueve millones de estudiantes de colegios oficiales en el país. De esos hay un grupo importante que es el programa de cero a cinco años que impulsa el Icbf, y el resto son las contrataciones que se hacen con terceros. Por lo tanto es inaceptable que el Gobierno quiera evadir esa responsabilidad de llevarles una buena alimentación a los niños”, afirmó la congresista.
Según Guerra de la Espriella, el problema de corrupción no se soluciona “diciéndole a las administraciones municipales que contraten y pongan el dinero, pues el problema son los contratos con las empresas que no tienen la experiencia y son permeadas por la politiquería. Fuera de eso las interventorías que se contratan no están sirviendo”.
Por último, la senadora señaló que cuando el Gobierno habló de austeridad en la inversión, debe provenir del recorte de la burocracia y mermelada, y no en el recorte para la alimentación de los niños más vulnerables. “De nada sirve trasladarle esta responsabilidad a las administraciones municipales si no se contrata bien”, dijo.
La denuncia
Algunos alcaldes electos se manifestaron en contra de esta disposición y señalaron que la norma recorta los recursos para el programa de nutrición escolar, pues antes no recaía en ellos la función de contratar operadores para que la Bienestarina llegara a los estudiantes de estratos más bajos en los colegios. “El sorpresivo decreto 1852 genera detrimento nutricional en los niños y adolescentes, ahora que se avecina la jornada única escolar, y disminuye los recursos para los entes territoriales, lo que redundará en menos cobertura y menos nutrición”, explicó el alcalde electo de Tunja, Fernando Flórez.
Según el mandatario local, quien fue uno de los primeros en dar la alerta, las modificaciones implementadas por el Ministerio eliminan, sin previo aviso, de “la ración para preparar el complemento alimentario con Bienestarina”.
“Esto significa, que el Gobierno dejará de entregar los 10 gramos de Bienestarina que venía entregando, para el desayuno diario, de cada uno de los 4 millones 200 mil niños de estratos uno y dos, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar”, indicó Flórez.
El alcalde indicó que en octubre del 2013, el Ministerio de Educación asumió del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el programa de alimentación escolar, aportando para el desayuno (que ofrecen los operadores) la suma de $971 más la porción de Bienestarina. Situación que queda modificada en el nuevo Decreto, que exige con esos $971 igual nivel nutricional, pero retirando el complemento nutricional.
Además indicó que el Ministerio invertía en Bienestarina, a nivel nacional, una suma del orden de $39 mil millones de pesos. “¿Qué destino tomaron estos $39 mil millones de pesos en momentos en que se avecina la jornada única escolar?”.
La respuesta del Gobierno
De otro lado, el viceministro de educación preescolar, básica y media, Víctor Saavedra, le salió al paso a estas críticas, y manifestó que en ninguna de las disposiciones legales del Ministerio se les ha pedido a las entidades territoriales excluir el uso de Bienestarina en los programas de alimentación escolar. Según explicó el funcionario, las medidas tomadas por el Ministerio frente al programa de alimentación escolar para este año, “tienen como fin reorganizar los recursos, la cofinanciación y promoción de la corresonsabilidad que tienen las alcaldías y gobernaciones sobre el programa, para así optimizar los recursos económicos, físicos y el capital humano, y así garantizar una mejor implementación del programa con el que se entrega actualmente más de cuatro millones de raciones diarias a estudiantes en el país”. Saavedra aclaró que en el marco de descentralización del programa de Alimentación Escolar, cada entidad territorial puede decidir sobre la inclusión o no de la Bienestarina como un componente adicional a la minuta establecida, donde están incluida la dieta principal, “teniendo en cuenta que éste es un complemento alimentario y no un sustituto de la alimentación”. El viceministro resaltó que la Bienestarina es un producto gratuito que produce y entrega el Icbf. “Cada entidad territorial (municipio) debe coordinar directamente con el Icbf, quien determinará las condiciones y requisitos necesarios para la logística de distribución, manejo, y custodia de la Bienestarina”. Fuentes al interior del Ministerio de Educación le dijeron a KienyKe.com que el revuelo que armaron varios alcaldes, entre ellos el de Tunja, obedece a que no quieren asumir el gasto de logística para transportar, almacenar, custodiar y distribuir la Bienestarina en los respectivos colegios.Reacciones
Este medio digital consultó a la senadora María del Rosario Guerra, conocedora de temas presupuestales, quien criticó la decisión del Gobierno de delegar la función de distribuir la Bienestarina.Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella.
“El Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo, con el apoyo de los congresistas, obtuvo unos recursos importantes para asegurar un buen programa de alimentación escolar para cerca de nueve millones de estudiantes de colegios oficiales en el país. De esos hay un grupo importante que es el programa de cero a cinco años que impulsa el Icbf, y el resto son las contrataciones que se hacen con terceros. Por lo tanto es inaceptable que el Gobierno quiera evadir esa responsabilidad de llevarles una buena alimentación a los niños”, afirmó la congresista.
Según Guerra de la Espriella, el problema de corrupción no se soluciona “diciéndole a las administraciones municipales que contraten y pongan el dinero, pues el problema son los contratos con las empresas que no tienen la experiencia y son permeadas por la politiquería. Fuera de eso las interventorías que se contratan no están sirviendo”.
Por último, la senadora señaló que cuando el Gobierno habló de austeridad en la inversión, debe provenir del recorte de la burocracia y mermelada, y no en el recorte para la alimentación de los niños más vulnerables. “De nada sirve trasladarle esta responsabilidad a las administraciones municipales si no se contrata bien”, dijo.
