Diferentes personalidades públicas en el país se reunieron para enviar una carta de apoyo al presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el objetivo de que objete algunos puntos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las 36 personalidades que firmaron la misiva, entre los que destacan exministros, exfiscales, exmagistrados, académicos, empresarios y periodistas, se dirigieron al presidente para respaldarlo y resaltarle su potestad de objetar los proyectos de ley como un 'contrapeso' que equilibra las competencias de las ramas del poder público. "Esta potestad de objetar los proyectos de ley forma parte esencial del sistema de frenos y contrapesos que equilibran las competencias de las Ramas del Poder Público y que, como expresión típica que es de la colaboración armónica entre ellas", plantean al inicio de la carta. Entre los firmantes está el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el exfiscal general Luis Camilo Osorio, los exministros Carlos Holgúin y Fernando Londoño, tal como el periodista Juan Lozano. [single-related post_id="1049042"] Cabe resaltar que desde que se conoció la iniciativa de objetar la Jurisdicción Especial para la Paz diferentes sectores se han manifestado a favor y en contra de la posible decisión, planteando los límites y las posibilidad que tiene el Gobierno Nacional de modificar lo pactado en los Acuerdos de Paz. Entre los temas que este grupo de personalidades destaca como algunos que deben ser analizados está el del 'otorgamiento de amnistías e indultos' resaltando que se deben evaluar los problemas derivados la conexidad con delitos políticos, resaltando temas como el abuso sexual, la reincidencia en el secuestro, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, entre otros. "Especialmente las conductas de abuso sexual, el incumplimiento de obligaciones por parte de comparecientes de la JEP; la pérdida de beneficios por reincidencia en delitos como secuestro, narcotráfico u homicidios; la extradición de estos y el tratamiento que se debe dar a los delitos continuados y permanentes", se plantea en la misiva. Cabe resaltar que el presidente Iván Duque cuenta con menos de una semana antes de que se venza el plazo legal donde puede pronunciarse sobre esta norma, lo que representa que la sancione y haga que entre en vigencia o que la objete para devolverla al Congreso de la República. A continuación la carta completa enviada al presidente de la República:

Posición del Centro Democrático

A través de sus redes sociales, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez reafirmó su postura y la de su partido político, Centro Democrático, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a propósito del escándalo de corrupción que rodea a esta mecanismo de justicia transicional. Uribe Vélez aseguró que en el Centro Democrático han estado en desacuerdo con la JEP y mantienen entre sus planes hacerle, al menos, siete reformas, resaltando que aunque no cuentan con las mayorías políticas para derogarla, los recientes hechos de corrupción que considera 'bochornosos' podrían lograr un cambio político al respecto. "En el Centro Democrático hemos estado en desacuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, ganamos el plebiscito con el no y sin embargo se desconoció. No hemos visto la posibilidad política de tener mayorías para derogar la JEP y estamos pensando mínimo en siete reformas", aseguró el senador. Sobre los hechos de corrupción donde fue capturado Carlos Bermeo, un exfiscal de apoyo a la Unidad de Investigación y Acusación quien recibió un soborno para intervenir en el caso Santrich, el expresidente aseguró que era al 'previsible' debido al origen de la JEP, refiriéndose a los Acuerdos Finales de Paz entre el Gobierno y las desmovilizadas Farc. https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1103051276336672770 Entre los temas que Uribe Vélez resaltó sobre la JEP, destacó la extradición que cree que debe facilitarse en los delitos que hayan sido cometidos por los desmovilizados de las Farc después del 1 de diciembre de 2016. Además, resaltó que de no ser así habría protección de los desmovilizados frente a la extradición por delitos anteriores y posteriores a esta fecha. Finalmente agregó que entre los temas a reformar está el de los delitos contra los menores de edad que, bajo su concepto, se deben juzgar con una pena ordinaria y no penas alternativas. Sumado a esto, resaltó que en los delitos conexos no se incluyan algunos como el narcotráfico, resaltando además que considera necesario 'sustraer' a los integrantes de la Fuerzas Armadas de este mecanismo de justicia transicional.