
La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta implicación en hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Ministerio Público también ha vinculado al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís al expediente.
Lea también: Expresidentes colombianos reaccionan al triunfo de Nicolás Maduro
Esta medida responde a la sospecha de que estos funcionarios podrían haber estado involucrados en una estrategia que permitió la entrega de contratos a cambio de apoyo a proyectos de ley y reformas gubernamentales.
"El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno", se lee en el comunicado oficial.
La indagación busca determinar la posible responsabilidad de los implicados, verificar si sus acciones constituyen faltas disciplinarias y evaluar si actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Además: Abren indagación por campaña de desprestigio a Verónica Alcocer
Además, en el comunicado de la Procuraduría también se vincula a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la misma indagación.
Ortiz está vinculada al expediente que también involucra a los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, quienes supuestamente recibieron dinero proveniente de un contrato de la UNGRD para la compra de carrotanques destinados a trasladar agua potable a La Guajira.
Esta actuación disciplinaria tiene como objetivo esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.