Las presidencias de Senado, Cámara de Representantes y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron el protocolo para la Prevención, protección y orientación frente al acoso sexual y violencias de género en el Congreso de la República, con el que se busca hacer frente a las presuntas denuncias por violencia sexual contra la mujer en dicha corporación y señalar los pasos a segur en caso de necesitarlo.
Fue justamente la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, quien con el apoyo del representante David Racero y el presidente del Senado Roy Barreras, impulsó la creación del protocolo en vista de las recientes denuncias hechas por el exsenador Gustavo Bólivar sobre una presunta red de trata de personas y acoso sexual dentro del Congreso.
En el protocolo, además de establecer los canales internos y externos para denunciar de manera segura, confidencial y sin revictimización, plantea las prácticas que pueden ser consideradas como acoso dentro del Senado de la República y la Cámara de Representantes, entre ellas: Comentarios o insinuaciones no consentidas sobre la apariencia física o de ámbito sexual, tratos o contactos físicos no consentidos, llamadas fuera de horario por temas personales y exhibición de material íntimo sin consenso.
Así mismo, plantea las prácticas de amenaza o coacción mediante las cuales los presuntos abusadores podrían hacer uso de su posición de poder para someter a comportamientos sexuales a sus víctimas, entre ellas las variaciones en las cargas de trabajo o el ofrecimiento de cargos o beneficios a cambio de favores íntimos.
Entre los canales creados para la atención de denuncias destaca la creación de los correos denunciasegura@senado.gov.co y denunciasegura@camara.gov.co, en donde las personas víctimas de acoso podrán radicar su caso de manera confidencial y recibir respaldo en materia psicológica y jurídica en menos de 48 horas, garantizando la no revictimización, la protección del acoso laboral, la articulación de entidades para su protección y la posibilidad de un cambio temporal de dependencia a la víctima.
Además de la denuncia por medio del protocolo, se invita a las personas afectadas a que adelanten los trámites pertinentes ante las autoridades competentes como la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, cuando el victimario es algún senador o representante o la Fiscalía General de la Nación cuando se trate de otro tipo de funcionarios.
