La advertencia del fiscal Eduardo Montealegre de judicializar a quien publique en redes sociales el video de algún atentado terrorista causó bastante polémica.
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“Los videos, audios, cámaras y elementos que tienen los ciudadanos o las empresas para filmar o escuchar los detalles de los atentados terroristas son elementos de prueba que sirven en la investigación penal. Si los ciudadanos o las empresas entregan este tipo de material a personas distintas a las autoridades pueden estar incurriendo en delitos en conductas punibles señaladas con pena de prisión en el Código Penal”, dijo Montealegre.
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El jefe del ente investigador también indicó que los que publiquen mensajes sobre eventuales atentados terroristas, que generen temor y zozobra, también serán judicializados.
El pronunciamiento lo hizo Montealegre, luego que en las redes sociales aparecieran varios mensajes que presagiaban más atentados en Bogotá, como los ocurridos el jueves pasado.
El primero en criticar la advertencia fue el gremio de periodistas, al señalar que se estaría violando el derecho a la información y se estaría imponiendo una censura.
Otro en hacerlo fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien en carta enviada al presidente Juan Manuel Santos no ahorró críticas contra la iniciativa. “Es inadmisible que quienes sufren el terrorismo ahora sean intimidados por el Estado y acusados de estar inmersos en conductas delictivas y ser amenazados con penas de prisión si divulgan esos audios y videos”, manifestó el jefe del Ministerio Público.
Pero ¿es legal meter a la cárcel a alguien que comparta en las redes sociales un video de un atentado terrorista?
Kienyke.com habló con varios expertos en temas penales para saber si es fundada la advertencia de la Fiscalía.
“No lo veo tan claro, y ahí está la discusión de si penalmente hay alguna disposición que permita interpretar que ese es el alcance, de judicializar a alguien por difundir un video de esos”, aseguró el exfiscal Alfonso Valdivieso.
A su turno, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez explicó que hay un hilo muy delgado entre respetar el material de prueba, en este caso el video o audio captado de un atentado el cual debe ser entregado a la autoridad competente, y la de limitar la libertad de prensa.
“Lo que está prohibido es la manipulación probatoria, es decir el código en el sistema acusatorio está ordenando que cuando una persona hace un uso indebido de la fuente de prueba debe recibir un castigo, porque ese material debe ir directamente al juicio, y lo que está proponiendo el fiscal es sancionar a la persona que no entregue directamente a la autoridad la información (video o audio), pero es complicado porque se estaría limitando la libertad de prensa”, afirmó el exmagistrado.
De otro lado, los exministros de Justicia, Alfonso Gómez Méndez y Juan Carlos Esguerra manifestaron que el sólo hecho de publicar o compartir videos sobre un atentado terrorista o sus consecuencias no debería ser un delito penal.
“El sólo hecho de publicarlo por las redes sociales y darlo a conocer, no puede de por sí constituir un acto contrario a la ley, depende del propósito que se persiga, porque si el objetivo es difundir las malas noticias para crear deliberadamente un ambiente de inseguridad sí puede ser incluido en el código penal, pero el sólo hecho de divulgarlo no, porque qué tal que me condenen por mostrarle un video a mis hijos que están en el exterior de lo que está ocurriendo acá”, dijo Esguerra.
Igual opinión tuvo el exministro y también exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien señaló que es inconcebible que alguien vaya a parar a la cárcel por subir a las redes sociales un video.
“No lo veo tan claro, y ahí está la discusión de si penalmente hay alguna disposición que permita interpretar que ese es el alcance, de judicializar a alguien por difundir un video de esos”, aseguró el exfiscal Alfonso Valdivieso.
A su turno, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez explicó que hay un hilo muy delgado entre respetar el material de prueba, en este caso el video o audio captado de un atentado el cual debe ser entregado a la autoridad competente, y la de limitar la libertad de prensa.
“Lo que está prohibido es la manipulación probatoria, es decir el código en el sistema acusatorio está ordenando que cuando una persona hace un uso indebido de la fuente de prueba debe recibir un castigo, porque ese material debe ir directamente al juicio, y lo que está proponiendo el fiscal es sancionar a la persona que no entregue directamente a la autoridad la información (video o audio), pero es complicado porque se estaría limitando la libertad de prensa”, afirmó el exmagistrado.
De otro lado, los exministros de Justicia, Alfonso Gómez Méndez y Juan Carlos Esguerra manifestaron que el sólo hecho de publicar o compartir videos sobre un atentado terrorista o sus consecuencias no debería ser un delito penal.
“El sólo hecho de publicarlo por las redes sociales y darlo a conocer, no puede de por sí constituir un acto contrario a la ley, depende del propósito que se persiga, porque si el objetivo es difundir las malas noticias para crear deliberadamente un ambiente de inseguridad sí puede ser incluido en el código penal, pero el sólo hecho de divulgarlo no, porque qué tal que me condenen por mostrarle un video a mis hijos que están en el exterior de lo que está ocurriendo acá”, dijo Esguerra.
Igual opinión tuvo el exministro y también exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien señaló que es inconcebible que alguien vaya a parar a la cárcel por subir a las redes sociales un video.
