En medio de una reñida agenda legislativa, el Congreso de la República revivió el proyecto de reforma laboral que meses atrás había sido archivado en la Comisión VII del Senado.
La iniciativa, impulsada inicialmente por el Gobierno Nacional, regresó al escenario político con una nueva ponencia mayoritaria presentada ante la Comisión IV del Senado, generando profundas divisiones dentro de las bancadas y reacciones encontradas por parte de los partidos.
El renacimiento del proyecto se dio en la plenaria del miércoles 14 de mayo, en la misma jornada en la que se hundió la propuesta de consulta popular promovida por el Gobierno, que buscaba llevar a votación ciudadana una serie de reformas sociales y laborales. El contraste entre el archivo de la consulta y el impulso a la ponencia laboral marca un punto de inflexión en la estrategia legislativa del Ejecutivo y sus aliados.
Una ponencia con herencia mixta
El nuevo texto, calificado como una "ponencia mayoritaria", retoma 73 artículos del documento aprobado previamente en la Cámara de Representantes, así como 10 de las 12 preguntas incluidas en el proyecto de consulta popular que no prosperó. Este enfoque ha sido interpretado como un intento por preservar elementos clave de la reforma original, a la vez que se adapta a las realidades políticas del Congreso.
Sin embargo, no todos los sectores están satisfechos con la propuesta. El partido Pacto Histórico, que fue el principal promotor de la reforma en sus inicios, anunció su ruptura con la ponencia mayoritaria al considerar que los cambios introducidos "desfiguran el espíritu original" del proyecto impulsado por el Gobierno. La senadora Aída Avella presentó una ponencia alternativa, que recoge el articulado aprobado por la Cámara y las 12 preguntas laborales de la fallida consulta popular, pero omite el texto archivado en la Comisión VII.
“El nuevo documento representa un retroceso en términos de garantías laborales y desprotege a los trabajadores frente a fenómenos como la tercerización y la inestabilidad contractual”, afirmó Avella durante la radicación de su propuesta.
Por su parte, el Centro Democrático anunció que no participará en la discusión de la ponencia mayoritaria. Desde esta colectividad, se ha argumentado que el proyecto, incluso con las modificaciones, sigue generando incertidumbre jurídica para los empleadores y podría afectar la recuperación económica y el empleo formal.
La bancada del CD ha criticado duramente el procedimiento legislativo que permitió la "resurrección" del proyecto, señalando que se está forzando el trámite de una reforma sin el suficiente consenso político ni social.
La Comisión IV del Senado será el escenario del debate, en una jugada que ha sorprendido a algunos analistas, ya que tradicionalmente estos temas se han tramitado en la Comisión VII. El cambio responde, en parte, a la necesidad del Gobierno y sus aliados de buscar mayorías más favorables para avanzar en la discusión.
No obstante, el escenario es incierto. Con una coalición dividida, una oposición férrea y una ciudadanía que ya ha expresado su escepticismo frente a las reformas sociales, el camino legislativo de esta reforma laboral luce complejo.
Desde sectores sindicales y empresariales también se han manifestado preocupaciones: mientras unos celebran que ciertos artículos se mantengan, otros alertan sobre la falta de consensos amplios que garanticen una reforma sostenible y equilibrada.
