Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia en 2022, lo hizo como el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, con un impulso político inédito y el respaldo de una coalición amplia en el Congreso. Esa fuerza inicial le permitió poner en marcha la discusión de sus principales reformas sociales y políticas, con la promesa de transformar de fondo el modelo de Estado.
Con el paso del tiempo, esa alianza se fracturó, dejando al Ejecutivo sin la mayoría necesaria para convertir en leyes buena parte de su agenda. Hoy, con las elecciones presidenciales de 2026 ya en el horizonte, el Gobierno enfrenta su último año con apenas una reforma aprobada, dos pendientes y un ambicioso plan de Paz Total que avanza entre tropiezos.
Reformas sociales: un camino accidentado
Las reformas de salud, trabajo y pensiones fueron el núcleo de la propuesta de cambio con la que Petro llegó a la Casa de Nariño. Sin embargo, solo la reforma laboral ha superado el trámite legislativo.
Aprobada por el Senado el 18 de junio de 2025, tras varios intentos fallidos y un accidentado recorrido, la norma reduce la jornada laboral, fortalece la estabilidad en el empleo y aumenta las garantías para los trabajadores. Este avance, aunque importante, es apenas una fracción del paquete de transformaciones que el Ejecutivo había proyectado.
La reforma a la salud espera su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado antes de pasar a la plenaria. Mientras tanto, el Gobierno ha comenzado a aplicar cambios mediante decretos, una estrategia que ha generado controversia entre gremios y sectores políticos que la ven como una forma de saltarse el debate legislativo.
En cuanto a la reforma pensional, está en revisión por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite. La Cámara de Representantes ya corrigió las fallas señaladas, pero la última palabra la tendrá el alto tribunal, un proceso que podría extenderse más allá de 2025.
Paz Total: el plan bandera que no despega por completo
Otra apuesta central de Petro ha sido la Paz Total, una política diseñada para dialogar con todos los grupos armados ilegales bajo un marco jurídico aprobado en noviembre de 2022.
Aunque se abrieron varias mesas de negociación, el avance ha sido desigual. Las conversaciones con el ELN están suspendidas y los diálogos activos se limitan al grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y una facción de las disidencias de las Farc.
Los obstáculos van desde las divisiones internas en las estructuras armadas hasta la persistencia de economías ilegales como el narcotráfico, que siguen alimentando la violencia en regiones estratégicas.
Un año decisivo entre urnas y reformas
El deterioro de la relación con el Congreso, sumado a una oposición activa y a la fragmentación de su antigua coalición, ha reducido el margen de maniobra de Petro para materializar su agenda. Si en su último año no logra concretar las reformas de salud y pensiones, ni dar un golpe de timón en la implementación de la Paz Total, su legado podría quedar marcado más por las expectativas incumplidas que por los avances legislativos.
Con la campaña presidencial de 2026 en marcha, el pulso político del próximo año no solo definirá la viabilidad de sus proyectos, sino también el rumbo de las fuerzas que aspiran a sucederlo.
En este tablero, cada debate en el Congreso y cada negociación en los territorios será una prueba de resistencia para un gobierno que enfrenta el reto de cerrar con resultados concretos antes de que las urnas cambien el tablero político.
