Como resultado de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con sede en Antioquia, se conoció que el excandidato presidencial y exgobernador de este departamento, Luis Pérez, ostentaba 4 megapropiedades, todas con origen presuntamente ilícito.
En este sentido, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre seis predios rurales relacionados con Vicente Castaño Gil.
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Las propiedades están ubicadas en Rionegro y El Retiro (Antioquia), y conforman un globo de terreno avaluado en cerca de 74.000 millones de pesos, conocido como Torrealta, de aproximadamente 550 hectáreas.
En la investigación, los fiscales de la Dirección de Justicia Transicional establecieron que en cuatro de estas propiedades figura, en su respectivo folio de matrícula, como propietario, Luis Pérez, quien ya había señalado por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo luego de que este grupo contrainsurgente desarrollara la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.
Uno de los bienes fue denunciado por el postulado a la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, quien manifestó que el terreno estaba relacionado con el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Vicente Castaño.
Ante esta situación, el fiscal General sostuvo que: “solicitamos ante un fiscal del grupo de persecución de bienes de la dirección de Justicia Transicional en Bogotá medidas cautelares sobre seis predios rurales relacionados con Vicente Castaño, comandante de las AUC. Bienes que tienen un valor de 73.000 mil millones de pesos. En cuatro de esos bienes inmuebles figuran diferentes personas, entre ellos Luis Pérez”, afirmó Francisco Barbosa.
Y agregó: “Esto tiene relación con denuncias que se habían hecho y en las que se manifestaba que diferentes personas utilizaron el poder para quedarse con unos bienes que quedarán siendo embargados, y se entregarán a la Fiscalía General de la Nación. No puede ser posible que haya funcionarios o exfuncionarios públicos que tengan 73.000 mil millones en Colombia o que participen en ese tipo de propiedades cuando de por medio tenemos derechos de las víctimas”.
Estas medidas cautelares, con fines de extinción de dominio, son consideradas como las de mayor cuantía patrimonial decretadas en la historia de la implementación del proceso de Justicia y Paz. Al acoger los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal dispuso el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los citados bienes, los cuales serán entregados próximamente al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.
