Una nueva controversia sacude al sector Defensa en Colombia, luego de que La W Radio revelara que el nombre del general Raúl Fernando Vargas Idárraga, señalado en un caso de falsos positivos, fue considerado para ocupar el cargo de director de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la información obtenida por la emisora, Vargas —quien supuestamente había salido del Ejército en 2024 en medio de señalamientos por ejecuciones extrajudiciales— no solo se mantiene activo en la institución, sino que actualmente integra un equipo estratégico de alto nivel dentro del Ministerio.
Según registros de 2024, el general Vargas estaba próximo a asumir el mando de la Sexta División del Ejército Nacional cuando fue notificado de su salida. La decisión habría estado relacionada con denuncias que lo involucraban en hechos ocurridos en el año 2004, en el marco del conflicto armado colombiano.
Uno de los testimonios clave que vincula al oficial es el del sargento en retiro Jaime Coral, quien declaró en W Radio que el general participó directamente en una ejecución extrajudicial en el departamento de Boyacá. “El general participó en la ejecución extrajudicial de un joven que fue secuestrado en una carretera, asesinado, y lo hicieron pasar como un supuesto informante de las Autodefensas en 2004”, aseguró Coral, quien además aceptó responsabilidad en ese homicidio.
El testimonio ha generado alarma por el hecho de que un oficial con ese tipo de señalamientos haya sido contemplado para un cargo de dirección en el área de seguridad ciudadana, una de las más sensibles del Ministerio.
Frente a las dudas surgidas por su posible nombramiento, el Ministerio de Defensa consultó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre si existía algún proceso activo contra Vargas. La JEP respondió oficialmente que “no existe trazabilidad ni acta de sometimiento en el caso del oficial”, es decir, que no hay registro formal que vincule al general con un proceso judicial dentro del sistema transicional de justicia.
A pesar de este pronunciamiento, desde la cartera de Defensa se confirmó a W Radio que el general Vargas “actualmente hace parte de un equipo estratégico de alto nivel que contribuye en la formulación de una política en materia de seguridad”. Esta afirmación ha incrementado el debate público, dado que el Ministerio no desmintió que su nombre haya estado sobre la mesa para la dirección de Seguridad Ciudadana.
Adicionalmente, en primicia, la emisora conoció que Vargas en ningún momento salió del Ejército, como se había creído, y continúa vinculado activamente a la institución.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y las decisiones institucionales que involucran a miembros de la Fuerza Pública con pasados cuestionados. A pesar de no contar con una acusación formal o una investigación activa ante la JEP, el testimonio de Jaime Coral y la falta de claridad sobre el estado jurídico del general Vargas generan preocupación sobre los estándares éticos y de transparencia en los procesos de selección de altos funcionarios en el sector defensa.
Por ahora, ni el general Vargas ni el Ministerio han emitido un pronunciamiento adicional más allá de lo reportado por la emisora. La atención ahora se concentra en si su vinculación al equipo estratégico se mantendrá o si, ante la presión pública, se reconsiderará su papel dentro de la formulación de políticas de seguridad.
