El Gobierno radicó en el Congreso de la República el proyecto Ley De Solidaridad Sostenible, nombre que recibió la nueva reforma tributaria. No se incluyeron puntos que habían recibido el rechazo generalizado de las bancadas, como el IVA a los alimentos, pero sí otros que causan controversia como el impuesto de renta para personas que ganen más de 2.5 millones de pesos mensuales.
De acuerdo las proyecciones del ministerio de Hacienda se busca recaudar $26.1 billones de pesos. Con el impuesto de renta se proyecta un recaudo de 17.6 billones de pesos. El aporte tributario de las empresas estaría cercano a los $3 billones. Con las modificaciones del IVA y la eliminación de los exentos se recogerían $10.5 billones y se plantea un incremento del Sistema General de Participación de -$ 5.1 billones.
Congresistas de distintas bancadas han reaccionado a las propuestas del Gobierno Nacional, en su mayoría, han criticado puntos fundamentales de recaudo como la eliminación de la categoría de productos exentos, el impuesto de renta para personas naturales y el IVA a la gasolina.
Carrasquilla confirmó que se eliminará la categoría de exentos, excepto para exportaciones, lo cual implica un aumento en el costo final del producto. Ese punto había sido cuestionado previamente por distintos congresistas y se puede explicar de la siguiente manera:
Cuando un producto exento tiene un costo de $100 y pagó un IVA de $19, esos $19 se descuentan en la declaración de IVA, de modo que el costo total del producto sigue siendo de $100 y sobre ese costo se fija el precio de venta. Pero, si ese mismo producto fuera excluido, como el IVA no puede ser descontado, el costo del producto será de $119, y sobre ese costo se fija el precio de venta, que sin duda será más caro que si se fija sobre un costo de $100, lo que hace que un producto excluido sea más caro para el cliente final que uno exento.
"Carrasquilla si está aumentando sustancialmente el IVA pagado por los consumidores de la canasta básica familiar al pasar sus bienes de exentos a excluidos. Está gravando la comida en tiempos del covid y la crisis económica", expresó el senador Gustavo Petro.
Con respecto al impuesto de renta para personas naturales, el ministro de Hacienda explicó que se propone una aumento gradual en el que para el año 2024 quienes ganen 2.5 millones mensuales tendrán que pagar renta.
- Para los ingresos de 2022, pagarán renta los asalariados que ganen más de $4,1 millones promedio mensuales.
- En 2023, únicamente los asalariados con ingresos superiores a $2,9 millones promedio mensuales.
- En 2024, los que tengan ingresos superiores $2,5 millones promedio mensuales.
"Ya es oficial: el Gobierno va a clavar a la clase media con pago de impuesto de renta, pero de a poquitos. Esto es una infamia. ¡NO a esta #ReformaTributaria!", expresó el representante José Daniel López.
Por otra parte, busca autorizar a los municipios y departamentos para implementar una sobretasa a la gasolina y al ACPM, la cual sería aplicada a partir del 1 de enero de 2022 y su tarifa cambiará dependiendo de la zona donde se implemente.
"La base gravable de la sobretasa a la gasolina motor tanto extra como corriente, y de la sobretasa al ACPM, será el volumen del respectivo producto expresado en galones", dice el proyecto.
La tarifa general de la sobretasa a la gasolina será de $940 por galón en los municipios y distritos, de $330 en el ámbito departamental y de $1.270 por galón en el distrito capital (Bogotá).
El ministro Carrasquilla también confirmó que las ciudades capitales podrían instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta.
El valor de la tarifa sería determinado por la autoridad distrital o municipal competente, según sea el caso. El recaudo estaría a cargo de la respectiva entidad pública de nivel territorial o del agente privado, responsables de la prestación del servicio. Las tarifas serían diferenciales, es decir, se fijarían en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación.
Otro artículo que no gustó fue el 34, el cual le brinda facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para para que en el término de seis meses suprima o fusione entidades con el objetivo de ahorrar gastos. Habría surgido tras la reunión del Centro Democrático y para la oposición es una idea inconveniente por los resultados del actual gobierno.
"Pretende facultades presidenciales totales para REFORMAR TODO EL ESTADO en el último año de un gobierno fracasado. No sólo deja hipotecado al próximo gobierno sino que lo deja amarrado a su modelo de “estado mínimo” y capital sin frenos", dijo el senador Roy Barreras, mientras que el representante Gabriel Santos la respaldó, pero la considera insuficiente: "Desde febrero llevamos presionando, en público, para que esto ocurra. Es un paso en el sentido correcto pero francamente insuficiente. Queremos un compromiso público y específico de recorte del Estado. No las reformas cosméticas que han publicado. ¿Facultades para que y cuanto?".
Propuestas que no se acogieron
Una de las iniciativas que no incluyó en el texto final fue la del senador conservador David Barguil, quien propuso que los bancos paguen una sobretasa permanente del 6% en el impuesto de renta. Como a partir del año 2023 la tarifa general va a quedar en 30%, plantea que su aporte sea del 36% sin disminuciones en los siguientes años.
Según sus estimaciones, el recaudo adicional será aproximadamente de un billón de pesos al año. Propone que la destinación de esos recursos durante los próximos 10 años se distribuya en un 50% para las vías rurales y el otro 50% para la infraestructura educativa del país.
Otra propuesta que no se añadió en el proyecto es la de la representante Katherine Miranda sobre el impuesto de renta para las iglesias, las cuales tienen ingresos brutos superiores a los 5.4 billones de pesos y patrimonios líquidos avaluados por más de 13 billones de pesos. Y la del impuesto a las bebidas azucaradas del 20%, la cual le significaría al Estado al menos 1.4 billones de pesos al año.
