Fincas de la Zona Bananera en Magdalena volverían a manos de sus verdaderos propietarios

Vie, 07/07/2023 - 09:07
KienyKe.com, conoció que la Corte Constitucional estaría por fallar una acción de tutela, que marcaría un precedente muy importante en materia de propiedad privada y seguridad jurídica en el país.
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Edición Kienyke.com

Este medio conoció que la Corte Constitucional está por fallar una acción de tutela interpuesta por la empresa La Francisca SAS y que marcaría un precedente muy importante en materia de propiedad privada y seguridad jurídica en el país, donde un particular busca recuperar un terreno que fue invadido. El caso es recordado porque en la década de los noventa la empresa accionante tuvo que abandonar la propiedad por presiones, violencia y acciones terroristas, lo cual fue aprovechado por invasores de la zona.

El tema es de gran trascendencia porque la constitución colombiana otorga garantía jurídica a quien ejerce posesión y propiedad sobre bienes adquiridos de buena fe, aunque hoy mediante una sentencia del año 2018 del Tribunal de Cartagena de Restitución de Tierras, las fincas La Francisca I y  II fueron entregadas a lo que se puede reconocer como invasores, en un caso que no tiene nada que ver con restitución de tierras.

El expediente del caso

El acervo probatorio data que estos terrenos fueron comprados en 1991 por la sociedad Agrícola Eufemia LTDA, una unidad de negocio de la multinacional DOLE en Colombia. Esta inversión extranjera que buscaba generar empleo y dinamizar la exportación de banano en la década de los noventa, se vio empañada por el accionar delictivo de las FARC y el ELN. Sus objetivos militares fueron los propietarios, trabajadores, capataces, vigilantes, edificaciones, herramientas y vehículos.

DOLE recibió ataques sistemáticos durante esta década, varias violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como el asesinato de dos vigilantes el 31 de diciembre de 1991, el secuestro y asesinato el 23 de octubre de 1993 del ciudadano inglés Peter Kessler, representante legal de Agrícola Eufemia LTDA. En septiembre de 1995 tres contenedores de banano de DOLE y las bodegas de almacenamiento e instalaciones administrativas de las fincas Las Franciscas, Bomba y Circasia de propiedad de  la Agrícola Eufemia LTDA, fueron dinamitados por el frente XIX de las FARC.

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Ante esta situación de violencia DOLE quiso abandonar sus negocios en Colombia, pero por su compromiso con los empleados y la región continuaron con sus operaciones en el país. Sin embargo, en enero de 1996 un grupo de personas armadas invadieron los terrenos de La Francisca l y ll. En los documentos que conoció este medio se observa que la empresa adelantó las acciones legales ante las autoridades locales y la fiscalía para recuperar los terrenos invadidos, pero en junio de 1996 tuvieron que abandonar forzadamente las fincas como medida de protección e integridad física de sus trabajadores.

Desde 1996 hasta 2009 La Francisca l y ll tuvieron tenedores de forma ilegal y fueron los invasores quienes lograron desplazar a Agrícola Eufemia LTDA. En esa línea de tiempo, los falsos dueños intentaron en 2007 que el Incoder decidiera en un proceso de extinción de dominio por aparente inexplotación, la cual fue negada por el Incoder fundamentada en los hechos de violencia que cometieron grupos ilegales contra trabajadores, administradores e infraestructura de la empresa Agrícola Eufemia.

En 2004 representantes de Agrícola Eufemia LTDA, llegaron a un acuerdo con los invasores e hicieron un reconocimiento económico por las mejoras realizadas en las parcelas y finalmente estas personas decidieron salir libre y voluntariamente de los predios. Luego en 2009, Agrícola Eufemia LTDA vendió las dos fincas a la sociedad La Francisca SAS. Las pretensiones de los invasores por esas tierras continuaron y es así como en 2018, asesorados por activistas y ONGs que se escudaron en la Ley de Restitución de Tierras (1448 de 2011), adelantaron un proceso que culminó con la sentencia del 24 de enero de 2018 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la cual ordenó la restitución a 49 familias en contra de La Francisca SAS, Agrícola Eufemia SAS y C.I. Técnicas Baltime de Colombia.

Según analistas consultados por este medio, en la mencionada sentencia el Tribunal desconoció el acervo probatorio que da cuenta que Agrícola Eufemia fue víctima del conflicto desatado en los noventa y que la empresa La Francisca SAS fue un comprador de buena fe exenta de culpa de los predios, puesto que antecede la decisión del Incoder e igualmente que los invasores habían recibido un pago por las mejoras de los predios y decidieron salir libremente y sin presiones en 2004.

La acción de tutela interpuesta

Ante la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la empresa La Francisca SAS interpuso una acción de tutela por la vulneración clara al derecho constitucional del debido proceso la cual fue negada por la Corte Suprema de Justicia.

Este medio conoció que en este fallo el magistrado Luis Armando Tolosa hizo salvamento de voto, pues consideró que hay un abuso del derecho en ese caso, y que está suficientemente probada la calidad de víctima de la sociedad Agrícola Eufemia, que fue propietaria legítima de La Francisca l y ll, que no existió prueba alguna que indicara que Agrícola Eufemia hubiese participado de un supuesto despojo mediante grupos al margen de la ley, y finalmente quedó probada la buena fe exenta de culpa del último comprador, es decir, La Francisca SAS.

La Corte Constitucional, con la elección de dos conjueces, busca fallar en los próximos días y zanjar de una vez por todas la seguridad jurídica cuando se adquieren bienes rurales de buena fe. Por eso este caso de La Francisca l y ll, estaría desligado a un simple proceso de discusión por restitución de tierras por despojo, debido a que, según el análisis del acervo probatorio la empresa accionante comprueba que abandonó los terrenos por presiones y actos de violencia de las FARC y el ELN.

Según expertos consultados por este medio, la tutela al tener un fallo positivo dejaría sin efecto la sentencia del Tribunal de Cartagena de Restitución de Tierras donde la Corte Constitucional ampararía el derecho fundamental de desarrollar actividades agrícolas como la plantación de bananos, generación de empleo y las garantías jurídicas.

Hay una alta expectativa sobre este fallo, porque rememora épocas oscuras que golpearon enormemente al sector bananero. Además, se daría una luz en materia de adquisición de predios por buena fe, como fue lo que si ocurrió con La Francisca l y ll en el Magdalena.

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