La suerte de nueve congresistas de la Unidad Nacional está echada. A más tardar en tres semanas el Consejo de Estado decretará la muerte política a siete senadores y dos representantes a la Cámara, quienes fueron los conciliadores de la fallida reforma a la justicia.
Lea también, ¿En dónde se arman los ‘micos’ del congreso?
El proceso, que va cumplir tres años en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha sufrido varias polémicas, entre ellas un cambio de ponencia.
En noviembre pasado la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, radicó una ponencia en la que pedía absolver a los congresistas de haber violado el régimen de incompatibilidades.
También lea, Los congresistas se ‘hacen los locos’ para eliminar su propia reelección.
Sin embargo, fuentes al interior del Consejo de Estado le dijeron a Kienyke.com que una mayoría de magistrados, alrededor de 16 de los 23 que componen la sala contenciosa, van a votar en contra de la ponencia de Rojas Lasso, por lo que decretarán la muerte política o inhabilidad de por vida para ocupar cargos públicos contra los congresistas que conciliaron la reforma judicial.
Los senadores que están en la mira del alto Consejo son Juan Manuel Corzo, Eduardo Enriquez Maya, Luis Fernando Duque, Martin Emilio Morales, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Germán Varón Cotrino y Juan Carlos Restrepo. Por su parte, los representantes a la Cámara que están en la cuerda floja son Alejandro Carlos Chacón y Carlos Edward Osorio. Los otros dos nombres para completar el ramillete de los congresistas procesados, lo completan el exrepresentante a la Cámara Orlando Velandia Sepúlveda y el exsenador liberal Jesús Ignacio García.
En el caso del exparlamentario García, el Gobierno tuvo que echar para atrás su nombramiento como embajador de Costa Rica, a mediados del mes pasado, por la presión de los medios de comunicación debido a la investigación que cursaba en el Consejo de Estado.
Sin embargo, la polémica radica en que la magistrada cambió inexplicablemente la ponencia, pues la primera que elaboró pedía decretar la pérdida de investidura de nueve congresistas en ejercicio, pero salvando sólo al senador Germán Varón Cotrino y a los excongresistas Jesús Ignacio García y Orlando Velandia.
Según revelaron la mismas fuentes del Palacio de Justicia, la presidenta del Consejo de Estado estaría demorando la discusión de su ponencia en la sala contenciosa, pues sabe que sería derrotada por la mayoría.
Como está a punto de entregar su cargo, esperaría hasta que sea designado su reemplazo para que sea fijada en el orden del día la votación de la ponencia, y no pasar la vergüenza de que a la presidenta de ese alto Tribunal le derroten su argumentación.
Pero, ¿por qué la mayoría de los consejeros de Estado quieren decretar la pérdida de investidura de los nueve congresistas en ejercicio?
La respuesta más convincente es que cuando el Consejo de Estado anuló el decreto proferido por el presidente Juan Manuel Santos, que convocó a las sesiones extraordinarias para que el Congreso hundiera el proyecto de reforma constitucional, también se reprochó el actuar en beneficio propio de los congresistas.
Otra de las tesis, pero que no ha tenido gran eco, es que la mayoría de los magistrados del Consejo de Estado son uribistas, por lo que sería un golpe a la Unidad Nacional tumbarle casi una decena de congresistas.
¿Cuál fue el pecado de los conciliadores?
Los doce conciliadores de la reforma a la justicia en el 2012 habrían incurrido en un conflicto de intereses al intentar legislar en beneficio propio, pues en la conciliación de los textos que aprobó el Senado y la Cámara de Representantes incluyeron quitarle a la Fiscalía la función de investigar a los aforados, entre ellos congresistas, ministros, generales, embajadores, entre otros, y crear una doble instancia de juzgamiento.
Lo anterior, en otras palabras, era darle libertad a los congresistas y exparlamentarios presos, así como de otros aforados que estuviesen siendo investigados por el ente acusador.
Tanto la Procuraduría como el presidente Juan Manuel Santos, en versiones entregadas al Consejo de Estado, criticaron la actuación de los parlamentarios conciliadores. "La comisión de conciliación se excedió en el ejercicio de sus funciones o adoptó decisiones inconvenientes para el sistema judicial colombiano", le dijo el mandatario a la alta Corte hace un año.
Los senadores que están en la mira del alto Consejo son Juan Manuel Corzo, Eduardo Enriquez Maya, Luis Fernando Duque, Martin Emilio Morales, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Germán Varón Cotrino y Juan Carlos Restrepo. Por su parte, los representantes a la Cámara que están en la cuerda floja son Alejandro Carlos Chacón y Carlos Edward Osorio. Los otros dos nombres para completar el ramillete de los congresistas procesados, lo completan el exrepresentante a la Cámara Orlando Velandia Sepúlveda y el exsenador liberal Jesús Ignacio García.
En el caso del exparlamentario García, el Gobierno tuvo que echar para atrás su nombramiento como embajador de Costa Rica, a mediados del mes pasado, por la presión de los medios de comunicación debido a la investigación que cursaba en el Consejo de Estado.
Sin embargo, la polémica radica en que la magistrada cambió inexplicablemente la ponencia, pues la primera que elaboró pedía decretar la pérdida de investidura de nueve congresistas en ejercicio, pero salvando sólo al senador Germán Varón Cotrino y a los excongresistas Jesús Ignacio García y Orlando Velandia.
Según revelaron la mismas fuentes del Palacio de Justicia, la presidenta del Consejo de Estado estaría demorando la discusión de su ponencia en la sala contenciosa, pues sabe que sería derrotada por la mayoría.
Como está a punto de entregar su cargo, esperaría hasta que sea designado su reemplazo para que sea fijada en el orden del día la votación de la ponencia, y no pasar la vergüenza de que a la presidenta de ese alto Tribunal le derroten su argumentación.
Pero, ¿por qué la mayoría de los consejeros de Estado quieren decretar la pérdida de investidura de los nueve congresistas en ejercicio?
La respuesta más convincente es que cuando el Consejo de Estado anuló el decreto proferido por el presidente Juan Manuel Santos, que convocó a las sesiones extraordinarias para que el Congreso hundiera el proyecto de reforma constitucional, también se reprochó el actuar en beneficio propio de los congresistas.
Otra de las tesis, pero que no ha tenido gran eco, es que la mayoría de los magistrados del Consejo de Estado son uribistas, por lo que sería un golpe a la Unidad Nacional tumbarle casi una decena de congresistas.
¿Cuál fue el pecado de los conciliadores?
Los doce conciliadores de la reforma a la justicia en el 2012 habrían incurrido en un conflicto de intereses al intentar legislar en beneficio propio, pues en la conciliación de los textos que aprobó el Senado y la Cámara de Representantes incluyeron quitarle a la Fiscalía la función de investigar a los aforados, entre ellos congresistas, ministros, generales, embajadores, entre otros, y crear una doble instancia de juzgamiento.
Lo anterior, en otras palabras, era darle libertad a los congresistas y exparlamentarios presos, así como de otros aforados que estuviesen siendo investigados por el ente acusador.
Tanto la Procuraduría como el presidente Juan Manuel Santos, en versiones entregadas al Consejo de Estado, criticaron la actuación de los parlamentarios conciliadores. "La comisión de conciliación se excedió en el ejercicio de sus funciones o adoptó decisiones inconvenientes para el sistema judicial colombiano", le dijo el mandatario a la alta Corte hace un año.
