La nueva estructura de la Sala Penal de la Corte Suprema, en la que sólo quedan tres magistrados de vieja guardia -Julio Enrique Socha, María del Rosario González y Javier Zapata-, aquellos que protagonizaron la lucha contra la parapolítica, parece que está cambiando la manera de actuar frente a presuntos delitos de los congresistas. El primer ejemplo es el de la senadora Dilian Francisca Toro, a quien llamaron a indagatoria por lavado de activos y, que en casos similares, habría implicado su detención. La pregunta es si esto es producto del ‘toma y dame’ entre el Congreso y la Corte que se dio a raíz del trámite de la fallida Reforma a la Justicia.
