El nombre del empresario Luis Carlos Crispín Velasco, aunque no es tan conocido, hoy cobra importancia, así como lo fue hace más de tres años cuando fue condecorado por su contribución al desarrollo del país, por ser la persona que tiene en líos judiciales al exfiscal general, Mario Iguarán.
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La Superintendencia de Sociedades decidió liquidar la firma de abogados Insignia Jurídica, de la que Iguarán Arana fue representante legal, por haber recibido dinero de captación masiva de dinero de la empresa Link Global, cuyo dueño es Crispín Velasco. Pero, ¿quién es Crispín Velasco?
El nombre de Luis Carlos Crispín tuvo un momento de fama en el 2012, cuando recibió una condecoración por parte del vicepresidente del Senado en ese entonces, Édgar Espíndola, por ser un destacado empresario. No obstante, Crispín no fue sólo condecorado ese año por el Congreso de la República, sino también por la fundación Pedro Nel Ospina y la Sociedad Colombiana de Prensa.
Hoy día la Fiscalía lo investiga por captación masiva de dinero y estafar decenas de personas a través de Link Global. Crispín ofrecía a sus incautas víctimas invertir en la cartera de créditos otorgados a miembros de las Fuerzas Militares y Policía, con la promesa de recibir a cambio un rendimiento hasta del 20 por ciento del dinero invertido.
Según la Superintendencia, parte de ese dinero fue a parar a la firma de abogados de la que Iguarán Aldana fue socio, y que coincidencialmente asesoraba a militares y policías retirados. La Superintendencia de Sociedades encontró que Insignia Jurídica sólo contaba con los ingresos girados por Link Global. Luis Carlos Crispín, quien también fue gerente de Industrias Alimenticias Aretama, obtuvo gracias a la captación masiva de dinero, cerca de 18 mil millones de pesos.
Por su parte, Mario Iguarán se ha defendido de las acusaciones bajo el argumento que cuando se abrió la investigación contra Crispín, se retiró de toda sociedad con Link Global. Sin embargo, podría salir no tan bien librado, pues la Superintendencia ordenó liquidar sus bienes. Además, el exjefe del ente acusador será objeto de una investigación penal, en la que se buscará identificar si sabía o no que los dineros que ingresaron a Insignia Jurídica provenían de un proceso de captación ilegal de dinero.
