En Colombia, cada vez que una EPS cierra sus puertas, el drama se disfraza de trámite. Lo que para los usuarios es el colapso de su atención médica, para algunos empresarios, políticos y funcionarios es una oportunidad millonaria. La liquidación de EPS se ha convertido en un negocio paralelo: activos que cambian de dueño en silencio, contratos que reaparecen bajo otros nombres y fortunas que crecen sobre el dolor de los pacientes.
Según cifras oficiales, más de 100 EPS han sido liquidadas en los últimos años, pero detrás de cada proceso hay historias que no aparecen en los informes públicos: clínicas vendidas a precio de saldo, carteras enredadas en laberintos legales y empresas recicladas con los mismos rostros conocidos.
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El resultado: pacientes a la deriva, tratamientos suspendidos, y el Estado pagando las cuentas una y otra vez. En ciudades como Cali y Medellín, las filas de personas buscando medicamentos en condiciones indignas son la muestra de un sistema que hace agua, mientras algunos se enriquecen sin control.
¿Quién vigila el negocio de las liquidaciones? La Superintendencia de Salud, que muchas veces llega tarde o se limita a firmar resoluciones sin resultados. La Contraloría y la Fiscalía acumulan investigaciones, pero las sanciones reales son escasas. Mientras tanto, aparecen nuevas entidades con promesas de eficiencia, aunque detrás de ellas muchas veces están los mismos nombres y las mismas mañas.
La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿el gobierno está reformando el sistema de salud o simplemente maquillando un negocio que no quiere desmontar? Cada liquidación de una EPS es un capítulo más de una novela que ya todos conocemos: las pérdidas son para el Estado y los ciudadanos; las ganancias, para unos pocos.
La salud en Colombia no está en crisis. Está en venta.
