La Región Andina es, cuando menos, una de las regiones más importantes del país. Con la riqueza natural envidiable de un territorio atravesado por la cordillera de los Andes, con la mayoría de los recursos hídricos del país, variedad de ecosistemas, así como una gran diversidad étnica y cultural, su papel protagónico en los ámbitos económicos y sociales es indudable. Sin embargo, esa importancia no siempre se llega a traducir en interés del Estado, que muchas veces no toma acción frente a las problemáticas de los ciudadanos.
Uno de los capítulos de Colombia Profunda, el encuentro que espera llevar las preguntas de todas las regiones del país a los candidatos presidenciales, tiene que ver con este importante territorio desde donde muchos medios regionales denuncian abandono estatal, violencia, auge de economías ilegales, criminalidad o falta de infraestructura de salud.
Una de las denuncias, por ejemplo, llegó desde el municipio quindiano de Quimbaya, a través del medio La Crónica del Quindío, que deja en evidencia que desde el pasado 11 de mayo no se prestan los servicios de consulta externa u hospitalización en las instalaciones del hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya. La razón: “Una medida sanitaria emitida desde la secretaría departamental de Salud que ordenó el cierre temporal, mientras se llevan a cabo algunas mejoras locativas”, señaló el medio.
Esto, entre otras cosas, está enmarcado en la grave crisis sanitaria que vive el departamento del Quindío por cuenta de la intervención a varios hospitales, que en el caso del Sagrado Corazón llegó por el mal manejo de residuos. Situación similar denuncian desde Salento, donde llevan ya poco más de dos semanas sin hospital, según la Crónica del Quindío, que le realiza el seguimiento a la adecuación del Hospital San Vicente de Paul.
No obstante, esta no es una situación nueva, sino la radiografía de una región que puede pasar desde los centros médicos más tecnológicos en Bogotá o Medellín, hasta médicos que trabajan con las uñas en el Catatumbo o el propio Quindío. De hecho, en los propios cascos urbanos de las capitales departamentales, basta con alejarse un poco hacia la periferia para ver cómo cambian las condiciones en la prestación de la salud.
Viajando un poco hacia el noroeste, en Norte de Santander, llueven denuncias relacionadas con el conflicto, que ha presentado un recrudecimiento de tal nivel que lo ha convertido en uno de los territorios más tensos del país. De la mano con ello, en su artículo “erradicar coca en el Catatumbo, un laberinto sin salida”, el diario La Opinión asegura que el proceso de sustitución de cultivos no pasa por un buen momento por cuenta de la falta de voluntad del Estado para poner en práctica los acuerdos de paz y la presencia de grupos armados como “el ELN, las disidencias o los carteles mexicanos”. A eso habría que sumar la complicada situación en la frontera con Venezuela.
Según dicho medio, mientras los ciudadanos de la zona piden sustitución voluntaria y progresiva, las Fuerzas Militares optan por la opción de la sustitución forzosa, que a su vez genera fuertes roces entre la comunidad y los soldados en el terrero. Una tarea desgastante teniendo en cuenta que aseguran que la resiembra está aumentando por encima del 60%.
Sin embargo, el tema de la droga no es exclusivo de esta parte del país. En el departamento del Tolima, el diario Q Hubo denuncia que al menos cinco municipios llevan varios meses azotados por el microtráfico y la inseguridad, dejando a su paso una ola de masacres y asesinatos selectivos.
Frente a ello, por ejemplo, el medio se pregunta: “¿Qué propuestas tienen los candidatos para contrarrestar este flagelo desde una perspectiva integral, que incluya además del orden público y la seguridad, políticas desde la salud pública?”. Un interrogante que podría extenderse a varias ciudades y pueblos de la Región Andina.
Paradójicamente, casi que como el origen de todos los males, se encuentran problemas como el bajo nivel de acceso a servicios básicos como el agua, la luz o el gas; así como la ola invernal que, a diferencia de las estrategias de contención del Estado, siempre llega.
Incluso en ciudades principales como Ibagué, capital del Tolima, el Q Hubo denuncia cortes recurrentes al servicio del agua “debido a la carencia de infraestructura adecuada, al deterioro de los acueductos comunitarios, la disminución del caudal de algunas fuentes de captación, deslizamientos de tierra que generan turbidez sobre las bocatomas en épocas de lluvia y al otorgamiento de licencias a proyectos urbanísticos cuyos constructores no cuentan con disponibilidad hídrica”.
Situación similar viven, por ejemplo, los habitantes del municipio cundinamarqués de Villeta, donde los habitantes de las zonas rurales prácticamente tienen horarios para la luz y el agua. En medio de todo ello, cabe preguntarse, ¿cómo se construye la paz en un país que no puede garantizar unos mínimos de calidad de vida? Todavía más importante, ¿qué tan importantes son estos temas en la agenda de los candidatos presidenciales?
