En Quinchía, Risaralda, el alcalde Jader Bañol quedó en el centro de la polémica tras plantear la imposición de comparendos a quienes alimenten o den agua a perros en condición de calle.
La propuesta generó una ola de rechazo entre ciudadanos y defensores de animales, que cuestionan que la administración pretenda sancionar a quienes intentan ayudar, en lugar de atender de fondo el problema de abandono, convivencia y bienestar animal en el municipio.
El caso gira alrededor de cinco perros conocidos como “la banda del Serrucho”, que, según la Alcaldía, han generado molestias por perseguir motociclistas y causar suciedad en algunos sectores. Sin embargo, la solución planteada por el mandatario local abrió un debate mucho más amplio: ¿la respuesta institucional debe ser multar la compasión?
Andrea Padilla cuestionó al alcalde
La senadora Andrea Padilla, reconocida por su trabajo en defensa de los animales, reaccionó con dureza frente a la intención del alcalde y calificó la medida como equivocada.
“Alcalde, está usted miando fuera del tiesto”, expresó la congresista al cuestionar la iniciativa.
En su pronunciamiento, Padilla le recordó al mandatario que la ley establece responsabilidades claras para las autoridades locales frente a los animales en condición de calle. Además, señaló que antes de pensar en sancionar a quienes les dan comida o agua, la administración debería responder qué acciones ha implementado para atender esa población animal.
La discusión de fondo
La controversia no desconoce que pueda existir un problema de convivencia o seguridad si los perros persiguen motociclistas o generan riesgos para la comunidad. Pero animalistas advierten que negarles alimento o agua no resuelve la situación.
La respuesta, insisten, debería pasar por programas de esterilización, atención veterinaria, identificación, reubicación responsable, adopción y educación ciudadana.
Sancionar a quienes ayudan puede terminar trasladando a la ciudadanía una responsabilidad que corresponde a la administración municipal: construir una política seria de bienestar animal.
Rechazo por posible choque con normas de protección animal
Defensores de animales también pidieron revisar si una medida de este tipo podría chocar con normas de protección animal y con directrices recientes de la Procuraduría sobre el deber de las autoridades frente a los seres sintientes.
El caso de Quinchía deja una imagen difícil de defender: un alcalde que, ante un problema de animales abandonados, apunta primero contra quienes les dan agua o comida.
Porque los perros en condición de calle no necesitan menos solidaridad. Necesitan una administración que deje de improvisar y asuma su responsabilidad.
