Ante la presunta participación en las irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios, la Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría.
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El valor del contrato está sobre los 50 millones de pesos
Según el informe de la Fiscalía, con esta actuación fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del mandatario y persuadida para que desistiera de sus pretensiones, donde inicialmente se firmó un contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos.
Al parecer el mandatario habría intentado quedar exonerado
Además, en la investigación se conoció que el mandatario presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.
Juez impone medidas no privativas de libertad
Por consiguiente, el alcalde de Tunja fue acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a un testigo. Por otro lado, a Sara Catalina Pedraza Canaría y a Luz Mila Acevedo Galán se les imputaron cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en su calidad de cómplice y coatura respectivamente. El juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad.
