Se reveló un esquema de desvío masivo de hidrocarburos destinado a abastecer a las disidencias de las FARC en el suroccidente de Colombia. Esto, tras el rastreo de movimientos financieros y de transporte irregular de combustible en tres estaciones de servicio ubicadas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación, estas operaciones ilícitas quedaron al descubierto cuando se constató que dos estaciones en Jamundí reportaron ventas por 1.176.774 galones de combustible, a pesar de estar ubicadas en zonas donde la población no supera las 800 personas.
Cali, Popayán y Morales fueron los lugares donde se llevaron a cabo los registros y allanamientos. Allí, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Ejército Nacional lograron la captura de los presuntos involucrados: dos hombres y una mujer.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, la investigación condujo a la captura y judicialización de tres personas señaladas como dueños y administradores de las estaciones de servicio.
Al parecer, los implicados operaban una red encargada de suministrar combustible a gran escala a la estructura Jaime Martínez, uno de los brazos activos de las disidencias de las FARC.
Según se conoció, los detenidos manejaban al menos tres estaciones de servicio para obtener gasolina y ACPM en volúmenes inusuales. Estos recursos serían fundamentales para actividades como el procesamiento de estupefacientes, la extracción ilícita de minerales y la movilidad de vehículos usados por dicha estructura armada.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron diversos elementos vinculados a la red: 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, un campero, un arma de fuego, cuatro computadores portátiles, 12 teléfonos celulares, 12 dispositivos de almacenamiento digital, una tarjeta de circuito electrónico de surtidor de combustible y abundante documentación contable y financiera relacionada con las operaciones.
Los detenidos comparecieron ante un juez penal de control de garantías, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Los acusados no aceptaron los cargos. Por ello, deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
