Antioquia volvió a encender las alarmas por el incremento sostenido en los cultivos ilícitos. De acuerdo con las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el departamento registró un total de 18.785 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un incremento del 16,19 % frente al año anterior, cuando se reportaron 16.167 hectáreas.
Aunque otros territorios como el Catatumbo (Norte de Santander), Nariño y Cauca siguen liderando la lista de las regiones con mayor concentración de cultivos ilegales, el aumento en Antioquia es el más alto jamás registrado para ese departamento desde que existen registros sistemáticos. Este crecimiento sostenido, que se aceleró a partir de 2014, tiene en alerta a las autoridades regionales, no solo por la dimensión del fenómeno, sino porque las zonas más impactadas coinciden con los principales focos de violencia actual.
Las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño concentran la mayoría de los cultivos y, al mismo tiempo, han sido escenario de confrontaciones entre grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y estructuras del narcotráfico dedicadas a la transformación y exportación de cocaína.
Este panorama fue discutido recientemente en un consejo de seguridad realizado en la sede de la Cuarta Brigada del Ejército, en Medellín. A la reunión asistieron el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El repunte de cultivos fue uno de los puntos más sensibles del encuentro, y motivó una dura intervención del gobernador.
Rendón no solo expresó su preocupación frente a las cifras, sino que sugirió al Gobierno Nacional evaluar el regreso de la aspersión aérea con glifosato como una medida urgente para frenar el avance del narcotráfico. “La situación se salió de control. El departamento está enfrentando su peor momento en materia de cultivos ilícitos y esto se traduce directamente en violencia, reclutamiento y deterioro institucional en las regiones afectadas”, dijo el mandatario departamental.
Un repunte que revierte años de reducción
La historia reciente de Antioquia con los cultivos de coca es oscilante, pero los datos muestran un giro preocupante. Durante los años 2000, el departamento mantenía cifras que fluctuaban entre 2.500 y 9.900 hectáreas. En 2007 se alcanzó un primer pico, con 9.926 hectáreas, pero desde entonces se inició una reducción progresiva que llevó al departamento a registrar apenas 991 hectáreas en 2013, el nivel más bajo de su historia reciente.
Sin embargo, desde 2014 los cultivos comenzaron a aumentar nuevamente, alcanzando las 2.293 hectáreas en ese año y, posteriormente, rompiendo récords en 2017 (13.680 hectáreas), 2021 (16.980) y ahora en 2024 con los 18.785 reportados por la ONU. Esta curva ascendente preocupa tanto por su aceleración como por la dificultad de control en los territorios.
Un problema que se expande hacia zonas urbanas
Además del aumento en las áreas sembradas, las autoridades también han reportado una expansión de los laboratorios de procesamiento de cocaína hacia zonas periféricas de Medellín y el Valle de Aburrá, lo que agrava el problema de seguridad y salubridad en centros urbanos.
En las últimas semanas, por ejemplo, la Policía Nacional informó del hallazgo de caletas con droga en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur de Medellín. Según los informes, se trataría de estructuras ligadas al narcotráfico urbano y rural, que estarían transformando pasta base de coca traída del Bajo Cauca.
Llamado a acciones urgentes
Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional por fortalecer los programas de sustitución voluntaria de cultivos, en departamentos como Antioquia persiste la desconfianza frente a la sostenibilidad de estas iniciativas. La falta de vías terciarias, acceso a mercados y garantías para los campesinos que erradiquen la coca, han dificultado la implementación de alternativas económicas.
Mientras tanto, los líderes regionales insisten en que la presencia del Estado debe ser integral, con seguridad, inversión social y decisiones claras frente a políticas de erradicación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también pidió actuar con contundencia frente a los grupos armados ilegales que siguen controlando territorios enteros. “No podemos normalizar que la coca se esté sembrando de nuevo cerca de Medellín”, afirmó.
