Funcionarios de la Gobernación de Arauca fueron judicializados

Publicado por: michell.figueroa el Vie, 31/07/2020 - 14:25
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Los funcionarios de la Gobernación de Arauca son señalados por presuntas irregularidades en un contrato para realizar una fiesta en el municipio de Cravo Norte durante la emergencia por Covid-19.
Gobernación de Arauca

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público en contra de tres funcionarios de la Gobernación de Arauca y un particular, por presuntas irregularidades en un contrato que tenía como objeto realizar una fiesta en el municipio de Cravo Norte en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Los imputados son William Arévalo Quintero, secretario de Educación de la Gobernación; Heivind Palomino Gutiérrez, ex gerente de Contratación del Departamento; Ómar Alberto Cisneros Garrido, asesor de despacho, área Cultura y Turismo actual en la Gobernación; y Jhon Élver Garrido Aguilar, representante legal de la Corporación Cultural Cabalgando.

Un fiscal del Grupo Técnico Especializado de Covid-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación evidenció que los funcionarios de la Gobernación de Arauca habrían favorecido a un tercero y, de manera indebida, tramitaron y adjudicaron el Contrato No. 201 del 14 de abril de 2020. 

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Al parecer, establecieron requisitos exorbitantes para que únicamente la Corporación Cabalgando pudiera participar en esa licitación, que tenía como objeto realizar las fiestas de Cravo Norte, sin tener en cuenta la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo que había decretado el presidente de la República.

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, se habrían alterado valores que permitieron que se aumentara la cuantía total a contratar, es decir, generaron sobrecostos. 

La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los cuatro imputados, y suspensión de la personería jurídica para la Corporación Cultural Cabalgando.

Sin embargo, las peticiones no fueron concedidas por el despacho judicial por considerar que, a pesar de existir elementos para demostrar inferencia de la comisión del delito, no eran necesarias. La decisión fue apelada.