Juez ordena captura en contra de Oneida Pinto

Vie, 05/07/2019 - 09:52
El juez 45 de control de garantías de Paloquemao emitió una orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto. Esto como medida preventiva mientras la exmandataria es investi
El juez 45 de control de garantías de Paloquemao emitió una orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto. Esto como medida preventiva mientras la exmandataria es investigada por corrupción. La decisión se tomó ya que el juez que lleva el caso determinó que “la exgobernadora es un peligro para la sociedad”. Añadió que "este despacho no tiene otra opción sino la de impartir prisión preventiva en establecimiento de reclusión para Oneida Pinto", adjudicando que de no ser así, el proceso en su contra podría alterarse. La Fiscalía, entidad que adelanta el caso en contra de Pinto, le imputó seis delitos. Concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos. Además de, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y malversación de los fondos públicos. Lea también: Miembros del clan Quiroz en libertad por vencimiento de términos Estos relacionados con las irregularidades que se presentaron en contratos de la Alcaldía del municipio de Albania, La Guajira, del que ella fue mandataria.

El origen del problema

En el 2008 la Fiscalía acusó a Oneida Pinto de montar una empresa criminal. En esta organización estaba implicado su exesposo, Pablo Parra, y su conductor y guardaespaldas, Jean Hernández Erazo. Bajo esta fachada, se realizó la firma de dos contratos de infraestructura que suman $12.590 millones. Estos permitirían pavimentar varias vías de Albania. Según el ente acusador, solo se habrían completado el 70% de las obras. Según la Fiscalía, la familia de Pinto se benefició con $5.981 millones, procedente de la desviación de recursos. Los contratos, realizados el 6 de agosto de 2010 y el 10 de marzo de 2011, fueron concretados entre la Alcaldía de Albania y Fundasec. En el proceso se acusa de que la ejecución de las obras quedaron a manos de Adolfo Carrillo, primo de Pinto. El fiscal del caso entregó pruebas que demostraban que durante el mandato de Pinto, se habrían contratado más de dos mil personas, recomendados directamente por parte de la exmandataria. Las personas, entre las que figuran embarazadas y personas de la tercera edad, llegaban con las hojas de vida y una firma por parte de Pinto. Estas personas nunca habrían laborado.
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