Procuraduría investigará nuevo caso de presunta corrupción en el Atlántico

Publicado por: michell.figueroa el Vie, 29/05/2020 - 11:57
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La Procuraduría abrió un proceso disciplinario contra el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, por presunta corrupción.
Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, por presunta corrupción en contratos destinados a atender la emergencia por coronavirus Covid-19 en ese departamento.

El procurador Fernando Carrillo, señaló que "el proceso tiene que ver con presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia". En el proceso se revisarían dos contratos, uno para entregar mercados y otro relacionado con la prestación del servicio de transporte de las ayudas humanitarias.

El primero sería por 19.300 millones de pesos y se celebró con la empresa Tradign Group International S.A.S., para la entrega de 4.200 mercados. El segundo contrato sería por $1.377.600.000 con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia diferentes municipios del departamento.

El Ministerio Público señaló que se busca establecer si la celebración de los contratos mencionados está relacionada con un nuevo caso de presunta corrupción en el Atlántico. La Procuraduría verificará si se vulneraron las normas que regulan la contratación estatal y el deber de selección objetiva, eficiencia, moralidad y respeto por el patrimonio público. 

Además de este presunto caso de corrupción en el Atlántico, en la actualidad la Procuraduría General de la Nación adelanta 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. 

El Ministerio Público adelanta los procesos en el desarrollo del programa 'Transparencia para la emergencia', con el que se pretende castigar la corrupción con los recursos destinados a atender la emergencia que generó la pandemia de coronavirus Covid-19 en el país. Solo en la región Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios.