La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Gobierno nacional y a la Gobernación de Putumayo estrategias eficientes que brinden soluciones inmediatas frente a los retrasos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Putumayo, y respondan a los incumplimientos relacionados con la falta de recursos para la puesta en marcha de proyectos productivos.
Para el Ministerio Público es necesario que las 20.331 familias del departamento del Putumayo que se acogieron al PNIS vean materializados los acuerdos en proyectos productivos, la contratación de recolectores que realicen actividades de gestión comunitaria, y el avance en la provisión de bienes y servicios públicos que contribuyan a la transformación estructural del territorio.
Del total de beneficiarios en Putumayo, 11.874 núcleos familiares se vincularon en calidad de cultivadores, 4.624 como no cultivadores, y 3.833 como recolectores. De este grupo 2.246 familias, ubicadas en los municipios de Puerto Guzmán, Valle del Guamuez y Puerto Asís, se encuentran suspendidas del programa, por lo que la Procuraduría solicitó acelerar el trámite administrativo y resolver la petición de continuidad a la mayor brevedad.
El ente de control pidió al Gobierno nacional establecer una ruta clara con modelos alternativos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y crear un espacio de trabajo con las familias que no están vinculadas al PNIS, que involucre de manera permanente a los representantes de la Gobernación de Putumayo y de las alcaldías de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, que ponga en marcha acciones para dar respuesta a las problemas que enfrentan la comunidades con relación o por origen de los cultivos ilícitos.
La solicitud de la Procuraduría se hace luego de la activación de un campo minado en Puerto Caicedo, Putumayo, que dejó tres muertos y tres heridos. Los hechos se registraron en la mañana del jueves 30 de julio, mientras el grupo de erradicadores y uniformados se desplazaban por una zona apartada de ese municipio.
Según las versiones que se conocen el artefacto explosivo se habría activado cuando el personal caminaba por un sector de esa zona en la cual desarrollan operaciones de erradicación forzada de cultivos de coca.
Los fallecidos fueron identificados como el patrullero, Johan Camilo Vargas López, adscrito a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, Jhon Jader Sánchez y Fabian González Díaz, del grupo de erradicadores.
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Las personas que resultaron heridas son el patrullero, Luis Carlos Duran Moreno, el patrullero, Faustino Delgado, adscritos a la Dirección de Carabineros de la Policía y Eider Puentes, del grupo de erradicadores.
