La decisión del Senado de prorrogar hasta 2037 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) mantiene en el centro de la agenda a los 170 municipios más golpeados por la guerra, la pobreza y las economías ilegales. La pregunta ya no es solo si la categoría sigue viva, sino qué tan en serio el Estado asume esta prioridad durante la próxima década.
¿Qué son los PDET?
Los PDET nacen del Acuerdo Final de Paz de 2016, en el punto de Reforma Rural Integral, como una hoja de ruta para transformar los territorios donde el conflicto fue más intenso.
Agrupan 170 municipios en 16 subregiones y cerca de seis millones de habitantes, con cifras críticas: alrededor del 39 % vive en pobreza multidimensional y casi cuatro de cada diez viviendas no tienen acueducto.
A través de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), comunidades y autoridades han formulado más de 32.000 iniciativas en unas 11.000 veredas. Allí caben desde vías terciarias, acueductos y energía, hasta apoyo a la producción campesina y fortalecimiento de la institucionalidad local.
¿Qué cambia con la prórroga aprobada?
Con 56 votos, el Senado dio luz verde al proyecto que modifica el Decreto Ley 893 de 2017 para extender la vigencia de los PDET de 10 a 20 años, hasta 2037. Falta la conciliación y la sanción presidencial, pero el mensaje político es claro: el Estado mantiene la obligación de priorizar estos territorios por diez años más.
La prórroga no implica automáticamente más recursos, pero sí un marco jurídico más largo para:
- Ejecutar proyectos pendientes acordados con las comunidades.
- Obligar a que al menos dos futuros gobiernos nacionales incorporen los PDET en sus planes de desarrollo.
- Coordinar esta herramienta con otros instrumentos de paz y estabilización.
La polémica por el listado de municipios
Durante el trámite en la Cámara, una proposición encendió alarmas: abría la puerta a modificar el listado de municipios PDET. Organizaciones sociales hablaron de un posible “mico”, porque esos municipios fueron definidos directamente en el marco del Acuerdo de Paz.
En el Senado se dejó constancia de que ese parágrafo fue eliminado, y se recordó que el propio Decreto 893 ya prevé, en otro artículo, la posibilidad de ajustes bajo condiciones específicas.
En paralelo, se radicó otro proyecto aparte para discutir, de frente, si es necesario incluir nuevos municipios PDET según vulnerabilidad, pobreza y afectación por el conflicto. Es decir, el debate sobre “quién entra y quién sale” se traslada a una ley distinta, con discusión propia.
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Lo que se juega hacia 2037
La extensión de los PDET supone un compromiso de largo aliento con los municipios donde la guerra dejó la huella más profunda y donde las brechas sociales siguen abiertas.
El reto será que esa prórroga no se quede en una fecha en el papel. De aquí a 2037, lo que medirá el éxito no será la duración de la categoría, sino cuántas obras, servicios y presencia institucional se traducen en cambios visibles para las comunidades que pusieron su firma, y su expectativa, en los planes de transformación regional.
