La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por un presunto incumplimiento de sus deberes legales. La investigación surge a raíz de una posible omisión en el nombramiento oficial del alcalde local de la localidad de Usme, proceso que debió completarse desde noviembre de 2024.
¿Qué originó la investigación?
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría inició la indagación tras recibir una denuncia formal por la presunta negligencia en el trámite de designación del nuevo alcalde local de Usme. De acuerdo con la entidad, la Junta Administradora Local (JAL) de Usme envió la terna de candidatos al despacho del alcalde el 1 de noviembre de 2024, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ley.
Pese a que el proceso administrativo fue completado por la JAL, el nombramiento oficial no se ha realizado hasta la fecha. Esta demora ha llevado a que el cargo siga siendo ejercido, de manera temporal, por un funcionario en calidad de encargo, lo cual ha generado incertidumbre en la administración local y malestar en la comunidad.
¿Por qué es grave este retraso?
Según el Ministerio Público, la omisión por parte del alcalde Galán podría constituir una falta disciplinaria, al implicar el incumplimiento de funciones propias del cargo. La Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para establecer si existió una conducta negligente o si, por el contrario, hay elementos jurídicos que podrían justificar el retraso en la designación.
En el centro de la polémica se encuentra la aparente contradicción entre los anuncios públicos de la Alcaldía y la realidad administrativa. El pasado 19 de abril, la Alcaldía informó a través de redes sociales que Leidi Marcela Pinilla Pinilla sería la nueva alcaldesa local de Usme. Incluso, su hoja de vida fue publicada el 29 de abril, lo cual hacía prever un nombramiento inminente. Sin embargo, hasta hoy, no se ha formalizado la posesión del cargo.
Implicaciones políticas y administrativas
Este hecho ocurre en un momento complejo para la administración distrital, que ya enfrenta presiones por temas de seguridad y gobernabilidad. El caso ha generado críticas desde diferentes sectores, que señalan una posible falta de diligencia por parte del mandatario capitalino en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Adicionalmente, el hecho de que el proceso lleve más de siete meses estancado pone en entredicho la eficacia administrativa del gobierno distrital. La localidad de Usme, que enfrenta retos importantes en materia de infraestructura, seguridad y atención social, continúa sin una cabeza visible con nombramiento definitivo, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas.
¿Qué sigue en el proceso?
La Procuraduría continuará con la práctica de pruebas para esclarecer los hechos. Si se determina que hubo una omisión sin justificación válida, el alcalde Galán podría enfrentar sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta la suspensión del cargo, dependiendo de la gravedad de la falta.
Por ahora, la Alcaldía no ha emitido un comunicado oficial sobre la indagación, aunque se espera una respuesta en los próximos días. El caso pone en evidencia la importancia de respetar los tiempos legales en procesos administrativos fundamentales, especialmente aquellos que afectan directamente el liderazgo territorial y la gestión local.
