El concejal Diego Cancino adelantó una investigación sobre el abuso policial en Bogotá, por medio de la recopilación de datos de Medicina Legal, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional logró evidenciar que los atropellos en contra de la población civil van más allá de 'manzanas podridas'.
Cancino denunció que en la capital se vienen presentando una serie de crímenes de Estado, amenazas, desapariciones, violencia y acoso sexual, asesinatos y violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, por parte de miembros de la Policía Metropolitana que tienen similitud con lo que ocurre en la Colombia profunda a manos de fuerzas paramilitares.
Medicina Legal reporta 49 casos de violencia sexual en los dos últimos años; 35 (2019) y 14 (2020), 20 de ellos ocurrieron en los barrios Nueva Santafé y Siete de Agosto.
Además se tiene reporte de 10.071 agresiones físicas por parte de la Policía entre 2019 y 2020; "82% de esas víctimas de agresión física fueron contra jóvenes. ¿No es esta una policía paramilitarizada?”, expresó el concejal.
El cabildante también reveló que entre el 17 de marzo y el 27 de mayo del 2020 la Policía ejecutó 8.069 detenciones arbitrarias. "En Bogotá la Policía tiene muy poco respeto por las libertades y los derechos humanos", afirmó.
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“Si me bajé tres, me puedo bajar cuatro” es la amenaza, según algunos testimonios, que hacen policías a los jóvenes que estuvieron en las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre en Verbenal y El Codito. También se conoce que en Usaquén un joven de 13 años sigue desaparecido”, indicó Cancino.
Las denuncias del concejal coinciden con las alertas tempranas (022, 023, 046, 086) que viene emitiendo la Defensoría del Pueblo desde 2018, 2019 y 2020 en las que indican que las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal Norte, Usaquén, Rafael Uribe y Usme, están en riesgo de control territorial por grupos paramilitares y de bandas de micro tráfico.
“El terror de la Colombia profunda se está viendo en las localidades de Bogotá tienen un patrón similar a lo ocurrido en El Placer (Putumayo), El Salado (Bolívar), San Onofre (Sucre) y Bahía Portete (La Guajira), donde la población sufre amenazas, desaparición forzada, homicidios de jóvenes, seguimientos, llamadas anónimas, regulación social, panfletos y violencia selectiva por parte de grupos paramilitares, con la intención de hacer control territorial”, detalló.
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De acuerdo con la denuncia del cabildante distrital el asesinato de 13 civiles (9 en Bogotá y 4 en Soacha) y otros 305 heridos (75 por armas de fuego) las noches del 9 y 10 de septiembre ponen nuevamente en discusión la extrema brutalidad policial que se ha tomado las principales capitales del mundo, con el agravante que los hechos vienen en aumento, en particular en los bordes extremos de la ciudad y hacia poblaciones en mayor fragilidad económica y social, con los jóvenes, las mujeres y la comunidad Lgtbi, como sus principales víctimas.
El concejal Cancino también se refirió a uno de los puntos que debate el Gobierno Nacional y la administración de Claudia López, la vestimenta de los manifestantes, ítem que se estaría estipulando en el protocolo que deben entregar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
"En el Gobierno de Iván Duque 57 personas han sido asesinadas, 27 mutiladas y 20 torturadas en el marco de la protesta social. No, el problema no es cómo vistan los manifestantes; el problema son manos atajistas de la Fuerza Pública y el Gobierno que los respalda", escribió en su cuenta de Twitter.
Cabe señalar que congresistas, concejales y defensores de DD.HH. enviaron el martes una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informando sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad fisica, violencia sexual forzadas y Colombia deportaciones durante ocurridas en manifestaciones públicas y pacíficas ocurridas 24 de agosto de 2018 y el 13 de septiembre de 2020.
"Es difícil aseverar que se trata de un acto aislado o esporádico de violencia. Por el contrario, las características de los hechos se encuadran en un ataque generalizado y dirigido contra una multitud de personas, sobre el cual existe un móvil discriminatorio por motivos políticos", manifestaron los congresistas, concejales y defensores de DD.HH.
La comunicación fue enviada por los congresistas Iván Cepeda, Angela María Robledo, María José Pizarro y Antonio Sanguino; los concejales de Bogotá Diego Cancino, Carlos Carrillo, Heidy Sánchez; Brahiam Corredor, de Humanidad Vigente Corporación Jurídica; Reinaldo Villalba y Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Germán Romero, de DH Colombia; Sebastian Lanz y Emilia Márquez, de Temblores ONG.
