A un año de terminar su mandato, Gustavo Petro enfrenta el escrutinio sobre su gestión ambiental. Bajo el liderazgo conjunto del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez, el Plan Nacional de Desarrollo trazó un viraje ambicioso: justicia social como telón de fondo, economías biodiversas como motor y equidad como eje transversal.
En estos tres años se han registrado avances inéditos, pero también rezagos estructurales que amenazan con opacar el balance final.
Ordenar el territorio con el agua como guía
“No somos vanguardia en hacer guerras, somos constructores de vida”, dijo Petro en Santa Marta hace un año. La frase resume la apuesta de ordenamiento territorial alrededor del agua, un modelo que busca reorganizar la ocupación del territorio con los ecosistemas hídricos como centro.
A la fecha, se han concretado 9 de los 13 acuerdos territoriales proyectados, lo que equivale a un 69,23% de avance. La meta: replantear la forma en que los colombianos habitan y protegen sus entornos.
Para María del Pilar García Pachón, profesora de la Universidad Externado de Colombia, este enfoque representa “un cambio discursivo importante” al reconocer el papel estructurante del agua para la sostenibilidad y la equidad territorial. Sin embargo, advierte que en muchos municipios la realidad es otra: la falta de capacidades técnicas, recursos y gobernabilidad impide siquiera actualizar los planes de ordenamiento.
Restaurar lo dañado y proteger lo vivo
En restauración de ecosistemas, el progreso ha sido modesto: apenas un 9,39% de las 1,7 millones de hectáreas previstas. En contraste, los pagos por servicios ambientales muestran resultados sólidos: un 75,38% de la meta cumplida y más de 11.800 hogares vinculados al programa Conservar Paga, que triplicó los incentivos para quienes preservan los bosques.
La mayor victoria se ha dado en la lucha contra la deforestación: entre 2022 y 2024, la tasa cayó un 40%, alcanzando las cifras más bajas en la historia reciente. Esto fue posible gracias a acuerdos comunitarios, control institucional y 28 Núcleos de Desarrollo Forestal en regiones estratégicas como la Amazonía.
Pero la Procuraduría alerta sobre un retroceso: entre octubre de 2024 y marzo de 2025, se registró una “reversión crítica” con apertura de vías ilegales, avance de cultivos ilícitos y ocupación violenta de áreas protegidas.
Colombia en el centro del debate global
En octubre de 2024, Cali fue sede de la COP16 sobre Diversidad Biológica, donde se lograron acuerdos históricos: la creación del Fondo de Cali, que compensará a países por el uso de su información genética, y el reconocimiento de comunidades indígenas y afrodescendientes como actores esenciales en la protección de la biodiversidad.
También se presentó la política “Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico”, pionera en vincular la lucha antidrogas con la protección ambiental, buscando transformar territorios de cultivos ilícitos en zonas de conservación y economía lícita.
Energías renovables: promesa en construcción
La transición energética avanza con señales mixtas. Entre los avances, se detuvieron los pilotos de fracking, se prohibió la minería a cielo abierto y se ordenó la instalación de cargadores eléctricos en estaciones de gasolina. Sin embargo, la expansión de la energía solar y eólica sigue frenada.
La Guajira, llamada a liderar esta transformación, enfrenta trabas normativas y tensiones con las comunidades wayúu. Para el académico Iván Vargas, “el nuevo modelo apenas se está diseñando” y desmantelar el esquema extractivista tomará décadas, no años.
Un cambio de conversación
Más allá de las cifras, varios expertos coinciden en que el principal legado de Petro es haber movido la conversación. Para el economista Juan Camilo Cárdenas, Colombia logró poner en la agenda global la responsabilidad compartida frente al cambio climático, un desafío para un país con alta dependencia petrolera y grandes necesidades sociales.
Incluso, la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, llevó la agenda verde a las negociaciones de paz con el ELN, incorporando la naturaleza como actor en la construcción de paz.
Retos que persisten
Según García Pachón, hay cuatro desafíos clave para el cierre del mandato:
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Gobernanza territorial débil: sin presencia estatal efectiva en zonas críticas de deforestación y con autoridades ambientales sin cambios estructurales.
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Justicia ambiental sin resultados: impunidad frente a delitos como minería ilegal, deforestación y daños a áreas protegidas.
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Transición ecológica incompleta: ausencia de cadenas productivas sostenibles con impacto territorial real.
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Financiamiento ambiental inestable: fuerte dependencia de cooperación internacional, debilitada por la salida de actores como USAID.
En síntesis, el Gobierno Petro ha dejado huella en la agenda ambiental, con avances inéditos y un cambio de narrativa que podría perdurar. Sin embargo, la ejecución desigual y la fragilidad institucional dejan claro que el reto de fondo no es solo plantear metas ambiciosas, sino convertirlas en transformaciones duraderas.
