La presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol está en la cuerda floja. La revelación de un polémico contrato por 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, supuestamente utilizado para justificar interceptaciones telefónicas a más de 70 funcionarios, ha detonado una crisis institucional que sacude a la petrolera más importante del país y que ya salpica al Palacio de Nariño.
El contrato, firmado inicialmente por 875.000 dólares y modificado el 31 de diciembre de 2024 sin aprobación formal de la junta directiva, generó molestia en varios de sus integrantes. El presidente de la junta, Guillermo García Realpe, lo calificó como un acto “grave y abusivo”, denunciando que el otrosí no fue autorizado y que la investigación interna en Ecopetrol solo comenzó después de que el escándalo se hiciera público a través de medios nacionales.
La situación escaló rápidamente cuando Mónica de Greiff, reconocida abogada y miembro de la junta, presentó su renuncia irrevocable, dejando claro que nunca dio su visto bueno a la modificación del contrato. Este hecho encendió las alarmas dentro del alto gobierno y puso sobre la mesa la salida inminente de Roa, quien había sido designado por el presidente Gustavo Petro en 2023 y mantenía una estrecha relación política con él.
Aunque voceros oficiales de Ecopetrol aseguran que “aún no hay nada confirmado”, varias fuentes al interior de la compañía y del Ejecutivo aseguran que la renuncia de Roa es un hecho consumado, y que su permanencia en el cargo solo depende de una salida ordenada que mitigue el impacto político y económico del escándalo.
En ese contexto, desde Casa de Nariño se cocina un “enroque” político. Según fuentes cercanas a la Presidencia, Ricardo Roa pasaría al Ministerio de Minas y Energía, mientras que Edwin Palma, actual ministro de esa cartera, asumiría la presidencia de Ecopetrol. Este movimiento buscaría contener el daño reputacional y evitar una mayor fractura en la junta directiva de la empresa.
Sin embargo, el posible nombramiento de Palma no está exento de controversias. Expertos jurídicos advierten que el ministro podría estar inhabilitado para asumir un cargo directivo en Ecopetrol por haber ejercido recientemente funciones de control sobre la compañía desde su actual cartera. La Ley 1952 de 2019 establece que debe haber un mínimo de un año de separación entre ambos roles, lo que podría frenar la operación política que se fragua en Palacio.
Petro, por su parte, ha intentado defender a su alfil. En una reunión urgente con miembros de la junta directiva de Ecopetrol, el mandatario habría afirmado que “ese contrato no existía”, pese a que los documentos oficiales demuestran que fue firmado y parcialmente ejecutado. La respuesta del presidente generó aún más dudas sobre el manejo del escándalo y ha alimentado las tensiones internas dentro de su gobierno.
Esta crisis llega en un momento sensible para Ecopetrol, que recientemente obtuvo luz verde para incursionar en nuevos negocios estratégicos en el país. No obstante, el escándalo amenaza con frenar los avances y desestabilizar su gobernanza corporativa, especialmente si se concretan nuevas renuncias en la junta.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa el criterio de Petro para escoger a sus colaboradores más cercanos. El mismo mandatario reconoció públicamente hace unos días que “puso ministros malos”, en referencia a decisiones en el sector educativo. Ahora, la sombra del error se extiende hacia la joya de la corona estatal: Ecopetrol.
La salida de Roa, aunque aún no oficial, parece inminente. Y su eventual reemplazo no solo será un cambio administrativo, sino un nuevo pulso político en el gobierno del presidente Petro, que enfrenta uno de los escándalos más complejos de su administración.
