La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el riesgo grave que enfrenta la población civil en el municipio de Puerto Rico ante posibles hostigamientos y el uso de artefactos explosivos en una zona densamente poblada del corregimiento de Rionegro.
En un comunicado fechado el 12 de febrero de 2026, la entidad manifestó su preocupación tras recibir información sobre eventuales ataques dirigidos contra la Estación de Policía ubicada en el centro poblado del corregimiento. Según el documento, el empleo de explosivos con efectos indiscriminados en áreas residenciales incrementa de manera significativa el riesgo para la población civil.
La Defensoría advirtió que este tipo de acciones, en entornos con alta concentración de viviendas y comercio, elevan la probabilidad de daños incidentales que podrían resultar desproporcionados. Además, existe la posibilidad de afectación directa a bienes civiles, lo que agravaría la situación humanitaria en el territorio.
Riesgo de desplazamiento
De acuerdo con la entidad, los escenarios de riesgo han sido atribuidos al Frente Rodrigo Cadete del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF). En ese contexto, la comunidad podría verse forzada a desplazarse como medida de autoprotección.
“La comunidad podría verse obligada a desplazarse como medida de autoprotección, lo que agrava la situación humanitaria y la vulnerabilidad de las personas y familias del territorio”, señala el comunicado.
El municipio de Puerto Rico ha sido históricamente afectado por la presencia de actores armados ilegales, lo que mantiene a la población en un escenario de permanente vulnerabilidad frente a posibles confrontaciones.
Posibles infracciones al DIH
La Defensoría alertó que los hechos descritos configuran un escenario de alto riesgo de posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente si las hostilidades no distinguen de manera estricta entre objetivos militares y población civil.
La entidad recordó que las partes en conflicto deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, adoptando medidas factibles para reducir al mínimo los daños a civiles y abstenerse de ataques que puedan causar afectaciones incidentales excesivas frente a la ventaja militar prevista.
En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado urgente a los actores armados para que cesen cualquier acción que ponga en peligro a la población civil y observen estrictamente las normas del DIH. También instó al EMBF a honrar los compromisos adquiridos en la mesa de conversaciones.
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Llamado a las autoridades
Además del llamado a los grupos armados, la entidad exhortó a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata medidas efectivas de prevención y protección, así como a activar —de ser necesario— los mecanismos de asistencia humanitaria correspondientes.
El objetivo, subrayó la Defensoría, es atender oportunamente a la población en riesgo o afectada y evitar que se profundicen fenómenos como el desplazamiento forzado o el deterioro de las condiciones de vida en el territorio.
La alerta se suma a otras advertencias emitidas en los últimos meses sobre la compleja situación de orden público en distintas zonas del sur del país, donde la presencia de grupos armados y las disputas territoriales continúan generando amenazas contra la población civil.
