Apenas el 58,6 % de las personas privadas de la libertad en las cárceles inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con una cama propia, una situación que obliga a muchos reclusos a dormir en el suelo, en pasillos o en estructuras improvisadas, alertó este jueves la entidad.
La situación hace parte de los hallazgos del Informe de contraste al XIX análisis del Gobierno sobre el estado del Sistema Penitenciario y Carcelario, elaborado tras inspecciones realizadas a 20 cárceles durante el segundo semestre de 2025. En ese documento, la Defensoría advierte que persisten fallas estructurales en el sistema.
En esos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), equivalentes al 16 % de las cárceles en funcionamiento, permanecen 33.567 personas privadas de la libertad, cerca del 30 % de la población carcelaria del país.
Hallazgos en las cárceles
Entre los principales hallazgos, la Defensoría encontró déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para visitas íntimas.
Además, documentó barreras recurrentes en la atención médica, como demoras en procedimientos, dificultades para acceder a citas especializadas y problemas en el abastecimiento de medicamentos, tanto en cárceles masculinas como La Modelo, como en centros femeninos como El Buen Pastor, en Bogotá.
Centros transitorios, en condiciones críticas
La Defensoría también inspeccionó 55 centros de detención transitoria (CDT), en los que encontró 5.510 personas detenidas en espacios diseñados para permanencias inferiores a 36 horas.
Según el informe, el 82,5 % llevaba más tiempo del permitido y el 15 % permanecía allí desde hacía más de un año.
La entidad halló, además, instalaciones con ventilación e iluminación deficientes, así como centros en los que un solo sanitario debía ser compartido por 125 personas, pese a que la norma establece uno por cada 25 detenidos.
Ante este panorama, la Defensoría pidió al Gobierno avanzar en la humanización de la pena, fortalecer la infraestructura penitenciaria, garantizar recursos para salud y alimentación, y modernizar los sistemas de información del sistema carcelario.
