El Gobierno de Estados Unidos destacó las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia en su reporte anual sobre Derechos Humanos de 2020.
La JEP es el mecanismo de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el anterior Gobierno colombiano y las desmovilizadas Farc.
En la sección sobre Colombia, el Gobierno de Joe Biden elogió a la JEP por sus “acciones eficaces para exigir responsabilidades de los autores de graves violaciones de derechos humanos”.
El informe del Departamento de Estado subraya las decisiones de la JEP respecto a los falsos positivos, como se conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de civiles cometidos por militares durante el conflicto y presentados como guerrilleros de las Farc dados de baja en combate.
Según el texto, dichas acciones eficaces incluyen “actividades para adelantar el Caso 003, centrado en ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”.
“Al 31 de agosto, la JEP informó que había recibido 250 ‘versiones voluntarias’ en el caso de los presuntos perpetradores que relatan sus versiones de los hechos ocurridos durante el conflicto. Dicho testimonio llevó a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en (Dabeiba, en) el departamento de Antioquia. El 25 de julio, el general retirado del ejército William Henry Torres Escalante admitió su responsabilidad por los falsos positivos ante la JEP y se disculpó con los familiares de las víctimas”, señala el informe.
Espaldarazo a la JEP
Este pronunciamiento desde Washington es un espaldarazo a la JEP, que ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno de Iván Duque y del partido oficialista, Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Hay que mencionar que, dado que el informe corresponde a 2020, no se refiere a la revelación hecha por la JEP a mediados de febrero en la que triplicaba los casos de falsos positivos y los elevaba a 6.402. El reconocimiento del Departamento de Estado también se suma al que hizo ese mismo mes la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El reporte menciona otros hechos como “homicidios arbitrarios o ilegales” cometidos por “el Gobierno o sus agentes”; 2.052 casos de desapariciones, incluidas 53 desapariciones forzadas, entre enero y junio del año pasado; o informes de que “funcionarios gubernamentales” ejecutaron “torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
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Sobre este último punto, el texto cita a la organización Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que “informó que hasta agosto las fuerzas de seguridad presuntamente estuvieron involucradas en seis casos de tortura, incluidas nueve víctimas”, al tiempo que llamó la atención por el hecho de que “los miembros de las fuerzas armadas y de la policía acusados de tortura generalmente fueron juzgados en tribunales civiles en lugar de militares”.
Asimismo, menciona el “lento avance” en materia de restitución de tierras a víctimas del conflicto por parte del Gobierno, que reconocieron las autoridades colombianas; detenciones arbitrarias; reclutamiento de menores y muchos otros problemas de derechos humanos en el país andino.
