El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en todo el territorio nacional, en respuesta a lo que califican como “amenazas” del presidente estadounidense Donald Trump contra Colombia. La declaración fue difundida a través de un comunicado público en el que la organización insurgente detalla que la acción armada comenzará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.
En el texto, el ELN afirma que el paro armado se decreta “en contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vendepatria”, reiterando su rechazo a la política estadounidense hacia la región. El grupo ilegal advierte a la población civil sobre riesgos asociados a desplazarse por carreteras y vías fluviales durante la vigencia de la amenaza, una estrategia que históricamente ha generado impactos en la movilidad, el comercio y la seguridad regional.
El anuncio se produce tras una semana marcada por tensiones diplomáticas. En recientes declaraciones, el presidente Donald Trump se refirió a las operaciones militares contra el narcotráfico adelantadas por Estados Unidos en el Caribe, especialmente en áreas cercanas a Venezuela. Durante su intervención, Trump aseguró que el presidente colombiano Gustavo Petro sería “el siguiente” después de Nicolás Maduro, insinuando un endurecimiento de su postura frente al Gobierno colombiano.
Estas afirmaciones generaron respuestas desde distintos sectores políticos en Colombia, que interpretaron las palabras de Trump como una advertencia directa a la administración Petro en medio del debate sobre cooperación bilateral en seguridad, lucha contra el narcotráfico y estabilidad regional. El ELN, aprovechando este escenario de tensión, enmarcó su decisión dentro de lo que consideran una escalada de presión extranjera sobre el país.
Las autoridades colombianas todavía no han emitido un balance oficial sobre posibles afectaciones o medidas extraordinarias ante el anuncio del grupo insurgente, pero organismos de seguridad han reforzado la presencia militar y policial en corredores estratégicos históricamente afectados por acciones del ELN, especialmente en zonas rurales del Catatumbo, Arauca, Chocó y el sur de Bolívar.
Expertos en seguridad advierten que este tipo de paros armados suelen generar impactos significativos sobre el transporte terrestre, el comercio y la movilidad intermunicipal, debido al temor de los ciudadanos y empresas frente a posibles atentados, bloqueos o ataques selectivos. También señalan que el ELN utiliza estas demostraciones de fuerza como una estrategia de presión política y propagandística en momentos de alta tensión nacional e internacional.
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El Gobierno Nacional ha reiterado en otras ocasiones su rechazo a cualquier acción armada del ELN y ha insistido en la necesidad de preservar la seguridad de la población civil. Sin embargo, el contexto político actual, marcado por declaraciones cruzadas entre Washington y Bogotá, añade un componente adicional de incertidumbre sobre el manejo de esta nueva amenaza.
A medida que se acerca la fecha anunciada, las autoridades locales y regionales se preparan para implementar planes de contingencia, mientras el país permanece atento al desarrollo de un paro armado que incrementa la tensión en la ya compleja situación de orden público.
