En la cita participaron altos funcionarios del Gobierno y los 16 exjefes paramilitares acreditados como gestores de paz, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’, entre otros.
La mesa técnica es de carácter excepcional, temporal y no otorga ningún beneficio judicial a quienes participan en ella.
Según la norma, cada gestor deberá suscribir un plan de trabajo individual ante el Ministerio del Interior, en coordinación con el DAPRE y la Oficina del Comisionado para la Paz.
El proceso debe traducirse en un acta de compromisos concretos, con actividades específicas de reparación a víctimas, indicadores de verificación y responsables definidos. Además, los gestores de paz tendrán que asistir a diligencias judiciales, participar activamente en el Comité Técnico, cumplir con los compromisos adquiridos y presentar informes periódicos de sus avances. La resolución es explícita: la inasistencia reiterada o injustificada podrá dar lugar a que el presidente de la República cancele de inmediato la designación.
Lo que busca el Gobierno con esta mesa técnica es distinto a cualquier proceso previo. No se trata de abrir un diálogo con los exparas, como ocurrió en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003, ni de diseñar un nuevo esquema de beneficios jurídicos. El objetivo es más limitado y más institucional: hacer un balance integral de lo que dejó la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, y preparar un cierre definitivo de ese capítulo.
Al final de la reunión el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien liderará este proceso, planteó lo que considera la primera tarea concreta de la mesa: buscar alternativas jurídicas para que los gestores de paz que aún permanecen detenidos puedan salir de prisión o al menos mejorar sus condiciones de reclusión.
“Nosotros hoy podemos empezar la primera tarea: alguna de las personas que están detenidas aquí cómo se puede buscar la liberación de ellos y cómo puedan estar por fuera. Ese es el primer punto que hay que buscar jurídicamente a través del equipo de cómo se puede hacer como gestores de paz. (…) Se le mejoran el sitio de la misión o también puede estar afuera. Yo creo que eso es importante para el proceso”, afirmó.
El segundo eje de trabajo propuesto en la sesión fue la construcción de un cronograma para que los gestores de paz visiten los territorios más golpeados por el paramilitarismo.
Según Benedetti, esa será otra prioridad inmediata. “Es cuándo y qué días vamos a ir al territorio y el por qué. Esa es otra tarea importante. Que tiene que ver con decir la verdad por qué. (…) Se puede ir paralela restituyendo el tejido quebrado por el conflicto y al mismo tiempo contando la verdad que va paralela a la verdad oficial. No necesariamente tiene que ir la una de la mano o una sola mano a la otra. Y con eso avanzaríamos para crear un informe y para entonces crear las condiciones judiciales y empezar a esperar el cierre de ese proceso”.
Finalmente, Benedetti remarcó que el compromiso del Gobierno con esta Mesa Técnica es avanzar con rapidez, seriedad y resultados visibles. “Con esto les demuestro que esto va en serio, de que tiene seriedad, que es un beneficio de seguida para ustedes, que piensen en cómo empezar a hacer las cosas que se tienen que decir y podamos proseguir, adaptar y desarrollar en tiempo récord esta situación que yo sé que ha tardado mucho. Hay que empezar a buscar cuál es la arquitectura jurídica”, concluyó.
La reunión cerró con la definición de nuevo encuentro el próximo lunes para empezar a concretar cronogramas de trabajo y rutas de seguridad en los territorios. Lo que quedó claro es que la Mesa Técnica, concebida inicialmente como un espacio de balance de la Ley de Justicia y Paz, se perfila también como un escenario de discusiones sensibles sobre la situación jurídica de los exparas y la manera en que aportarán verdad y memoria desde las regiones.
“La verdad va a dolerle a Colombia y a la clase política”: Benedetti
En rueda de prensa, el ministro Benedetti abrió la sesión con una advertencia política. “A ver, nos hemos reunido con los dieciséis gestores de paz designados a una resolución por el señor presidente, y esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia, y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ellos, que además fue cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de sus actores políticos hoy son candidatos, ya veremos qué es de todo eso, termina siendo verdad o sustentándose en lo que se debe a hacer”, afirmó.
En la reunión lo acompañó la directora de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien dijo que están asesorándose las entidades previstas para estar en esa mesa para no extralimitar sus funciones: “Nosotros entendemos que somos la rama ejecutiva y no la judicial. Entonces, estamos abriendo todos los análisis jurídicos para que ese encuentro se haga conforme lo establece la Constitución y la ley, para no irnos a extralimitar en las funciones”.
Y agregó: “Quiero señalar que esto es una reunión preparatoria, no es oficial, ¿sí? Porque cuando ya hagamos la instalación oficial entre más actores del Estado, no del Gobierno únicamente, porque precisamente entendemos la dimensión de lo que significa este cierre de este proceso”.
El trasfondo político de las palabras de Benedetti es evidente: la apuesta del Gobierno Petro es que el país conozca de frente las complicidades del paramilitarismo con sectores de la política nacional, incluso con actores que hoy siguen vigentes en la vida electoral. Para el ministro, la verdad de los exjefes paramilitares no solo es necesaria para cerrar un proceso inconcluso, sino también para poner en evidencia responsabilidades históricas que la sociedad aún no ha terminado de enfrentar.
