
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt reaccionó con contundencia a la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 01, que sanciona con ocho años de trabajos restaurativos al antiguo secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros.
“Recibimos la noticia con consternación. Nosotros aportamos pruebas, testimonios, seguimos el proceso en detalle, pero la JEP no tuvo en cuenta los incumplimientos de los excomandantes de las Farc”, afirmó Betancourt en entrevista con Kienyke.com.
Para la excandidata, la decisión representa una falta de justicia real. “Nos sentimos maltratadas como víctimas y, sobre todo, instrumentalizadas. Hablan de sanción máxima, pero no es cierto. Les dan ocho años para hacer trabajos que terminarán pagándose con los impuestos de los colombianos”, cuestionó.
Betancourt explicó que las víctimas esperaban un mínimo de restricción a la libertad: “aceptamos que no fueran a la cárcel, pero sí que tuvieran casa por cárcel. Era lo único significativo del acuerdo y ni eso se cumplió. Aquí lo que hay es un sesgo a favor de las Farc”.
Además, señaló que el fallo envía un mensaje de permisividad a los grupos armados actuales. “Se está diciendo a los disidentes, al Clan del Golfo y a todas las redes criminales: tranquilos, que al final los ponen a plantar flores. Esto no es justicia, es una apología del delito”.
En su análisis, lo sucedido representa un retroceso en la lucha contra la impunidad: “Colombia firmó tratados internacionales que obligan a juzgar los crímenes de lesa humanidad. Lo que pasó hoy es de extrema gravedad, porque demuestra que la JEP fue complaciente”, insistió.
Sobre el perdón, Betancourt fue clara: “Yo logré perdonar a los jóvenes guerrilleros que también eran víctimas, pero no puedo aceptar que comandantes como el ‘Gafas’ vuelvan a secuestrar bajo la mirada permisiva del Estado”.
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Finalmente, anticipó que las víctimas no se quedarán quietas: “ahora se abre una batalla larga, moral y jurídica, que llevaremos a instancias internacionales donde haya justicia real y no intereses políticos”.
Con estas declaraciones, Betancourt reaviva el debate sobre la legitimidad de las sanciones de la JEP y la reparación a las víctimas del conflicto armado.
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