En diálogo exclusivo con Kienyke.com, el presidente Iván Duque aseguró que rechaza enfáticamente los artículos aprobados del Proyecto de Ley Anticorrupción en el Congreso de la República, que entre otras cosas amenazan la libertad de expresión y de prensa en Colombia. Aseguró que de ser necesario objetará el texto conciliado una vez llegue a sus manos.
En ese sentido, quedarían dos caminos en caso de que los artículos pasen el filtro de la conciliación: que el presidente objete por inconveniencia, lo cual devuelve el proyecto para nuevo debate en el Congreso o que lo haga por inconstitucionalidad, lo cual mandaría el texto a revisión de la Corte Constitucional (que bien le puede declarar exequible, inexequible o parcialmente exequible).
Esta conversación luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara el pasado 6 de diciembre, a altas horas de la noche, el mencionado proyecto con algunas modificaciones, entre ellas un nuevo artículo que contempla sanciones pecuniarias y carcelarias para quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.
De igual manera, a través de un trino, el mandatario aseguró: "Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento" y que por ende "cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada".
¿Quiénes están detrás de la iniciativa?
El texto finalmente aprobado en dicha corporación, con ponencia liderada por el representante César Lorduy, quedó de la siguiente manera tras algunas mociones inicialmente de eliminación y luego de modificación:
“Artículo 221A: Cuando profiera injuria y calumnia en contra de un servidor público o ex servidor público, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria y la utilice para cometer el delito, el juez de control y garantías o el juez de conocimiento, según el caso, previa solicitud del fiscal o la víctima, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004”.
No obstante, esta no fue la primera avanzada del proyecto que limitaría la capacidad de la prensa para denunciar temas relacionados con funcionarios y exfuncionarios públicos. Inicialmente, fue la plenaria del Senado la que aprobó tal planteamiento, aclarando que en esa corporación además de la cancelación de la personería jurídica se incluyeron penas y multas económicas.
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Cabe mencionar que el representante César Lorduy ha estado en el ojo del huracán porque incluyó ese artículo en la ponencia para el debate en Cámara, con el objetivo de que no hubiera necesidad de conciliar el proyecto, sino que se aprobaran los mismos artículos que en el Senado. Es decir, consideró que aunque no lo hubiese incluido en su ponencia ya estaba aprobado en el Senado y por eso habría que considerarlo posteriormente, en la conciliación.
En ese sentido, el artículo incluido inicialmente en la ponencia de la Cámara y que fue avalado en el Senado, fue el siguiente: “El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirán en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Además, quedó establecida también la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones sociales que incurran en esta falta y se sumó que “los miembros de las mismas no podrían ser parte de otra organización ciudadana o constituir una nueva por los siguientes 5 años a la fecha del fallo por injuria y calumnia”.
La pregunta es: ¿quiénes fueron los firmantes de la proposición en el Senado? Pese a que algunas las firmas son casi ilegibles, se pudo conocer que fueron al menos nueve los congresistas que solicitaron incluir el controvertido artículo en el proyecto, entre ellos, Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo y Miriam Paredes.
