La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que se le impone un incidente de desacato contra el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, debido a que no se habría cumplido ciertas medidas dispuestas por la entidad.
El funcionario tenía que responder a las órdenes de la JEP en las que se requería información para que se buscarán resultados que dieran pista para el desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley.
En una solicitud de la entidad se le requirió al MinJusticia para que respondiera a 12 preguntas dispuestas por la JEP que se le otorgaron en el auto 082 de 2022, esto se da en el marco de un proceso en el que se buscan medidas cautelares colectivas para las personas que rinden testimonio en la jurisdicción que se encuentran en el proceso de esclarecimiento de la verdad en el marco del posconflicto con miembros de la extinta guerrilla de las Farc y las Fuerzas Militares.
Luego de que se evidenciara el constante ataque a los desmovilizados de la guerrilla firmante del acuerdo de paz y líderes sociales en las zonas donde los grupos armados al margen de la ley tienen presencia en el país, se indaga a las entidades estatales con el fin de adquirir informaciòn al respecto.
La medida impuesta a Ruiz se dispone para que desde el Ministerio de Justicia se envíe un informe detallado para evidenciar las acciones que se estaban tomando desde esa cartera para evitar los asesinatos sistematizados y dar con el paradero de los responsables de las muertes que se han ejecutado en los ùltimos años tras la desmovilización de la guerrilla.
En lo dispuesto por la JEP se refería al Ministerio de Justicia para que se brindará información frente a las garantías de seguridad dispuestas por la cartera, lo cual, se estableció en el acuerdo de paz. La entidad está velando por que se hayan garantizado dichas medidas dispuestas para el cuidado en la integridad de los firmantes.
Por su parte, el ministro de Justicia y la Procuraduría contarán con cinco días para que se pronuncien sobre el desacato, de igual manera, se compulsó copias a la entidad vigilante para que se investiguen las conductas del funcionario frente a este tema.
