La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) investiga la posible existencia de lugares en el resguardo indígena de San Lorenzo, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas, donde estén los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Teniendo en cuenta que en la región donde se ubica el resguardo indígena de San Lorenzo operaron diferentes grupos armados, la JEP considera allí pueden existir más cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que las posibles víctimas pueden pertenecer también a otras localidades vecinas al territorio indígena, dentro y fuera del departamento de Caldas.
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La Sección solicitó información en el trámite de medidas cautelares para la protección de lugares de posible inhumación o donde reposen cuerpos de personas dadas por desaparecidas en dicho resguardo indígena.
La Fiscalía General de la Nación realizó prospecciones en dicho territorio en 2016, recuperando cuerpos esqueletizados de seis personas dadas por desaparecidas y previo a tales labores, y en conjunto con las autoridades indígenas, estableció una lista de 50 personas desaparecidas pertenecientes al pueblo indígena Emberá Chamí que habita esta zona.
La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de Riosucio reportaron también que han recibido denuncias o casos sobre víctimas de desaparición forzada, que en total sobrepasan 70 personas, cuyos cuerpos pudieran reposar en dicho territorio.
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La Sección también ordenó el reconocimiento de los posibles lugares de inhumación en el resguardo, pero la diligencia fue aplazada por razón de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia del Covid-19. La diligencia será reprogramada una vez existan condiciones para su realización.
Esta decisión se da en el marco del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), en el que la Sección de Ausencia Reconocimiento de la JEP pretende el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio nacional ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
