La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional, por tres meses, del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, en medio de las investigaciones por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá’. La medida busca apartarlos de sus cargos mientras avanzan los procesos disciplinarios y penales derivados de las revelaciones periodísticas recientes.
¿Qué se les investiga?
La suspensión se apoya en el reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según el cual chats, documentos y testimonios apuntan a un entramado de contactos entre jefes de las disidencias, mandos militares y un funcionario de inteligencia del Estado.
En el caso del general Huertas, una carta interna de las disidencias relata una reunión en Bogotá, en 2024, donde el oficial –entonces en retiro– habría propuesto crear una empresa de seguridad fachada para facilitar el manejo de armas y recursos, pensando en un eventual fracaso de los diálogos de paz. A pesar de esos antecedentes, en 2025 el gobierno lo reintegró como comandante del Comando de Personal del Ejército.
Sobre Wilmar Mejía, hoy tercero al mando de la DNI, un cabecilla disidente afirmó que se reunió con él y con mandos del Bloque Magdalena Medio en territorio venezolano. En los documentos incautados también se le identifica con el alias de ‘El Chulo’.
Estos elementos hacen parte del expediente que se abrió tras la incautación de computadores, teléfonos y memorias a una caravana de jefes del Estado Mayor Central en Anorí (Antioquia) en julio de 2024, entre ellos el propio alias ‘Calarcá’.
La reacción del Ministerio de Defensa
Tras conocerse la decisión disciplinaria, el ministro de Defensa evitó controvertir el fondo del caso y se concentró en marcar distancia institucional. En una declaración a prensa, aseguró que el sector defensa acata todas las decisiones de las autoridades y que su obligación es “cumplir la Constitución y la ley” y “evitar cualquier acto ilegal dentro de las instituciones”.
El ministro también aprovechó para recordar la línea 157, a través de la cual se pueden denunciar irregularidades cometidas por miembros de la fuerza pública o por particulares que manejen información reservada. Con ese mensaje buscó reforzar la idea de que las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia deben ser parte de la respuesta frente a eventuales delitos, no del problema.
Un caso con impacto institucional
El expediente Huertas–Mejía se superpone con pesquisas de la Fiscalía y con el debate político sobre la relación del Gobierno con las disidencias. El propio presidente Gustavo Petro ha calificado de falsas las acusaciones de nexos entre su administración y el grupo de ‘Calarcá’, y ha sugerido que se trata de una reacción ante su agenda contra la corrupción en las Fuerzas Militares.
