En el acto de conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz con las Farc, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la posibilidad de una asamblea constituyente y sostuvo que hay normas que, a su juicio, deben modificarse para garantizar el cumplimiento de lo pactado y avanzar en equidad social.
El mandatario arrancó su intervención subrayando que el país “se rige por normas” y que estas “se obedecen”, pero insistió en que, en un Estado social, esas reglas “tienen que ir en función de la equidad social”.
Petro recordó que la Constitución de 1991 ya identificó como problema central la desigualdad, al reconocer que Colombia es uno de los países con mayores brechas sociales. En su intervención señaló que la desigualdad coloca al país “entre los más desiguales del mundo” y que existe una relación entre desigualdad y violencia que ha sido estudiada durante años.
La Constitución del 91, el Acuerdo de Paz y las normas que “no alcanzan”
El presidente enlazó esa reflexión con el texto constitucional y con el propio Acuerdo Final de 2016, al indicar que ambos marcos hablan de equidad social pero no han logrado traducirse plenamente en transformaciones materiales.
Según la transcripción de su discurso, Petro se preguntó “por qué no lo alcanza”, en referencia a la promesa de equidad formulada por la Constituyente del 91 y reiterada en el Acuerdo de Paz, y planteó que esa brecha obliga a abrir una discusión “en términos políticos” sobre el diseño actual de las normas.
En ese contexto, retomó la idea de una constituyente como herramienta para ajustar el marco institucional a los compromisos de paz y a la necesidad de reducir la desigualdad social. El mensaje central fue que, si el objetivo es cumplir de manera efectiva lo pactado con las antiguas Farc y enfrentar las causas de la violencia, el país no solo debe acatar las reglas vigentes, sino revisar si estas permiten o no avanzar en esa dirección.
Sin anunciar una hoja de ruta concreta, la intervención dejó claro que la Casa de Nariño sigue leyendo el debate sobre cumplimiento del Acuerdo, desigualdad y violencia como parte de una misma conversación, en la que la discusión sobre una eventual reforma constituyente se mantiene abierta en el plano político.
